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Con la suba del combustible, no dudarán en duplicar el subsidio a los transportistas del sector público, premiando el pésimo servicio que ofrecen.

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A un mes de las elecciones municipales, este co-gobierno colorado no castigará a los transportistas porque son los que históricamente llevan a los correligionarios a las concentraciones y a los locales de votación de casi todo el país.

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Las autoridades del Ejecutivo no dudan en castigar a la gente, si están en juego las ambiciones políticas

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Pasan los días y el “Gobierno de la gente” no logra traer vacunas contra el covid-19 para toda la población mayor de 18 años. Si eso no se llama inutilidad, no sabemos qué puede ser.

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Todos los países de la región se pusieron las pilas para concretar las compras, pero el co-gobierno colorado comenzó a pedir limosnas.

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Encima, repetidas veces dijeron que plata no es el problema. Pero claro que no es. Si nos encerraron forzosamente para endeudarnos. Lo único que falta es que digan que no tenemos dinero.

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Conste que una buena parte de la deuda fue para pagar a los funcionarios públicos, quienes son los principales beneficiados de esta pandemia: trabajaron poco o nada pero cobraron igual desde sus casas.

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Ni hablemos de los ciudadanos VIP de las binacionales cuyos salarios, más groseros beneficios, alcanzan de G. 50 millones a G. 106 millones. Una verdadera bofetada para el nivel de vida que nos obligan a tener los colorados.

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Con muy buen criterio, los camaristas Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander resolvieron apartarle del caso al juez Elio Ovelar, quien estaba decidido a amordazar a la prensa en un juicio que enfrentan la directora de ABC y un periodista de este medio.

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Era más que evidente que el juez Ovelar se quitó las vendas que debe tener puestas un magistrado serio y capaz para entender un caso.

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Encima la querella que hace la viceministra de Tributación del gobierno de Horacio Cartes, Marta González, es traída de los pelos, pero le sirvió de excusa para intentar acallar a toda la prensa del país a través de algún juez amigo. Aunque continúa el caso, hay que seguir con atención porque siempre está en la agenda política coartar el trabajo periodístico.