A continuación exponemos al menos tres hechos graves que miden de alguna manera la temperatura de nuestra vida política: 1. La suspensión dictatorial de la diputada liberal Celeste Amarilla por parte de la mayoría de sus colegas; 2. la intención de varios senadores de modificar la Constitución Nacional por ley para evitar que más legisladores sean expulsados, y 3. la querella de una exviceministra de Tributación del gobierno de Horacio Cartes, Marta González, contra el periodista Juan Carlos Lezcano y la directora de ABC, Natalia Zuccolillo. Con seguridad, hay una larga lista de hechos inconstitucionales en el país que son capaces de llenar las páginas y espacios en nuestro medio de comunicación.
¿Por qué solo nos referimos a estos casos? Porque visibilizan un cóctel peligroso de influencia política, abuso de poder, pisoteo constitucional, subordinación judicial, ADN dictatorial y hasta me animaría a decir la reactivación de un plan que busca copar las instituciones públicas, que se truncó durante los sucesos del 31 de marzo y 1 de abril de 2017.
Con el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana en plena sede del PLRA durante un atraco policial, siendo ministro del Interior Tadeo Rojas (actualmente diputado colorado cartista) y la posterior derrota electoral pensamos que iban a abortar el plan autoritario. Pero volvieron con todo. Hasta tuvo que venir un enviado de Washington, D.C. Francisco Palmieri, en abril de 2017, porque la ambición cartista comenzaba a superar el límite de la Carta Magna.
El caso de la diputada Amarilla resulta hasta grosero. Ninguno de los 47 diputados (39 colorados y ocho liberales) pudieron argumentar en forma la causa de la suspensión por 60 días sin goce de sueldo para su colega. Los legisladores que se animaron a hablar esgrimieron argumentos que no se aferran a preceptos constitucionales, con lo cual se evidencia que hay fuertes condimentos de venganza personal, revanchismo, odio hacia una colega que no es corporativista y no solo opositora al Gobierno Nacional sino de un modelo político distinto a los que aplauden la Operación Cicatriz.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La Cámara de Diputados, presidida por el titular del Partido Colorado Pedro Alliana, tocó fondo con este caso. Los 47 diputados ni siquiera dimensionaron las graves consecuencias de la sanción que le aplicaron a Amarilla. Hasta parece que cumplieron una “orden superior” porque de otra manera no se entiende cómo se reunió una mayoría de votos para semejante castigo. Ni para lograr la pérdida de investidura a sus dos colegas que están presos, acusados de supuesto desvío de dinero y narcotráfico, no sumaron tantos votos.
No es casual que la Embajada de Estados Unidos de América en Paraguay se haya pronunciado el viernes pasado, en términos diplomáticos, sobre este caso. La denuncia de la diputada Amarilla fue muy seria. Incluyó el condimento “dinero sucio”, “dinero espurio”, como fuente de financiamiento para llegar al Congreso y solo una minoría de colegas le defendió. Más claro, bleque, decía un compañero de trabajo. A los ojos de todo el mundo, la Cámara de Diputados se comportó como defensora a cara descubierta de los sectores oscuros que denunció Amarilla. Y esta situación no solo da vergüenza sino que asusta.
El presidente Mario Abdo Benítez, al día siguiente de la sanción, tenía que ofrecer una conferencia de prensa para marcar distancia de sus diputados de Añetete. No olvidemos que la Constitución es el Patrón de la democracia y no una persona.