Bajo el nombre de Pytyvõ Medicamentos, el Gobierno asumió su incapacidad al delegar en los familiares de los internados en terapia intensiva, la gestión de compra de medicamentos que no es capaz de proveer a través de los hospitales públicos.
Así, una persona angustiada y con probablemente muy pocos recursos, si los tiene aún, deberá recorrer varias farmacias privadas buscando que alguna le de la esperanza de conseguir ese fármaco que tanto necesita ese ser querido, en medio de una carrera contra el tiempo en el que algunas horas pueden marcar la diferencia entre seguir viviendo o no. Pero el trámite no se acaba para ese angustiado familiar al encontrar ese preciado medicamento. Luego deberá completar un formulario con una serie de datos, para enviarlo a través de una conexión de internet a la Dirección de Beneficencia Social (DIBEN), una de las tantas instituciones paraguayas creadas con funciones superpuestas a otras equivalentes.
Y de allí a esperar. Esperar a que todo ese engranaje burocrático reaccione cuanto antes, porque, como lo mencionamos, el tiempo transcurrido puede resultar, literalmente vital.
Pero además de ser un proyecto de admisión de falta de gestión, durante los primeros días el nuevo programa parche resultó en un gran fracaso.
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Quejas de que no se respondían los mensajes, desinformación y hasta un caso de rechazo de un pedido urgente por falta de un membrete, pintan de cuerpo entero a la burocracia paraguaya y a cuando se plantean ideas que no parten de una realidad social ni tienen la empatía necesaria para intentar ubicarse en la piel de quienes están desesperados, muchas veces sin recursos económicos ni tecnológicos, con la urgencia de estar corriendo una carrera de velocidad para salvar una vida.
Como si todo fuera poco, el gremio afectado por el programa, y que bien podría colaborar para hacerlo más eficiente, ni siquiera fue consultado para analizarlo.
La presidenta de la Cámara de Farmacias del Paraguay (Cafapar), María Laura Guaragna, confirmaba esta semana que no fueron convocados por el gobierno para la implementación del Pytyvõ Medicamentos, pero además destacó el problema de que la mayoría de las pequeñas farmacias independientes no están aceptando sumarse por la falta de claridad.
La farmacéutica metió también otro dedo en la llaga, al recordad que este sistema será mucho más cargo para el Estado que la compra directa de los medicamentos y su entrega a los hospitales públicos.
La empresaria recordaba que para los ministerios existe la figura de las compras por la vía de la excepción y que esta circunstancia justifica sobradamente utilizarla para comprar los medicamentos de uso constante en las unidades de terapia intensiva de los hospitales seleccionados para el programa. Pueden abarrotarlos de medicamentos, pero además trasladan la responsabilidad del gobierno al sector privado, destacó.
En síntesis, un programa con el que el ciudadano no solo hace el trabajo del gobierno sino que termina pagando más caro por ello.
¿Que cómo se pudo hacer mejor? La primera opción hubiese sido la que esbozó la representante de los farmacéuticos, pero si de apagar incendios se trata quizás una opción mucho más sencilla y responsable de parte del gobierno hubiese sido designar a un encargado del Ministerio de Salud en cada uno de esos 10 hospitales seleccionados, para encargarse de la gestión de las compras en farmacias privadas, previo cruce de información con el sistema de salud.
Así al menos se asumiría la responsabilidad de gestión pública y se evitaría trasladar toda esa carga a un angustiado familiar. El presidente promulgó ayer la ley que obliga al Estado a financiar los tratamientos de pacientes en terapia intensiva, tanto en el sector público como en el sector privado.
La reglamentación de la ley es una oportunidad para corregir este desafortunado proyecto.