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En la acepción del término “plata” en este caso la utilizaremos como sinónimo de dinero. Al Sr. Hugo Javier González se le atribuyen — con sólidos argumentos proporcionados por la Contraloría General de la República, la Secretaría de Estado de Tributación y la Secretaría Nacional Anticorrupción — la malversación de por lo menos 1.000.000.000 (Mil millones de Guaraníes equivalentes a 436 salarios mínimos para tener una idea) que los utilizó a través de una Organización No Gubernamental con quien “fraguó” una serie de obras que jamás se realizaron nada menos que en tiempo de pandemia donde el telón de fondo era la ruina económica de cientos de miles de emprendimientos de diversos tamaños y los contribuyentes nos veíamos en ascuas para poder cubrir nuestras obligaciones tributarias desde aquellas obligadas con la SET hasta con el IPS (en el sector formal). En el sector informal, el más golpeado por la pandemia, la gente cambió de rubros para afrontar una crisis sin precedentes en la historia reciente con alto costo de vida y un nivel de vulnerabilidad pocas veces visto en la historia de nuestra nación.
Es que quienes tuvieron la temeridad de de defender al Gobernador del Departamento Central no poseen — o quizás hayan olvidado — los tremendos esfuerzos a los que el azaroso sector privado nos condena para poder procurar alimento e insumos básicos para sostener a nuestras familias. Desonocen o han olvidado las penurias, calamidades y frustraciones de quienes les toca sobrevivir a una situación de por ya compleja, y que en medio del encierro de la pandemia esperábamos que aquellos funcionarios que deben velar por el bienestar de sus representados, hubiesen tenido la mínima sensibilidad de dirigir los fondos hacia los vulnerables, los excluidos y quienes imperiosamente necesitaban de una justa retribución por parte de un estado que históricamente se ha comportado como pésimo socio y como peor contralor.
Ocurre que el concepto de “patrimonialización del Estado” hace que quienes detentan la administración de los bienes público confundan lo ajeno con lo propio. Porque mientras el Estado detenta la potestad de encarcelar a quienes evaden impuestos, no demuestran el mismo coraje para dar por lo menos una sanción política a quienes han repartido a sus amigos y operadores políticos lo que le entregamos en forma de tributos.
«El Estado exige válidamente de todos sus súbditos los fondos que le permiten cumplir su misión social; fuera de esta finalidad sus exigencias son puramente arbitrarias y no podrían reclamar el respeto de sus subordinados. Una ley injusta carece de toda fuerza obligatoria». Podrían pensar que esta frase es de Locke, Hayek o algún pensador liberal, pero pertenece a Carlo Francesco D’Agostino, Jurista Católico que dedicó su vida a analizar el deber de tributación del cristiano ante la inmoralidad del Estado, citado por el Samuele Cecotti seguidor del primero en su obra sobre el deber fiscal en la doctrina católica.
Hace solo semanas aplaudíamos los sermones de nuestros Obispos en Caacupé denostando contra la pobreza creada — según una mayoría de ellos — por la injusticia en la repartición de tierras y en el “egoísmo” de quien tiene. ¿Cuándo tendremos una carta episcopal que pueda afrontar esta dura realidad de la moral de quienes administran el erario público con la precisión y claridad de estos juristas italianos?
Mientras tanto, habiendo tantas mafias de oro: bocaditos, niñera, coquitos, galletas, los legisladores que prefirieron premiar al autodenominado “Número Dos”, le han otorgado la medalla que le corresponde según su posición: la de “plata”, de mucha “plata”. No propia, por cierto, sino nuestra. De los contribuyentes.