Un día le pregunté al Dr. Raúl Peña, ministro de Educación del Gobierno del general Stroessner: ¿Por qué se les paga tan bajo sueldo a maestras y profesores, teniendo tanta responsabilidad y trabajo de tanta trascendencia? No puedo olvidar lo que me dijo: “Ser maestra y profesor es una vocación y la vocación se paga por sí misma”.
Comprendí que para la dictadura tener educación de calidad es un peligro potencial.
Dolorosamente hay que reconocer que seguimos más o menos igual, porque, aunque cuantitativamente el sueldo actual del profesorado es mayor, dada la devaluación del guaraní de entonces hasta ahora (el dólar entonces valía 126 guaraníes), la verdad es que maestras y profesores cobran sueldos marginales.
Es una vergüenza lo que ganan un profesor o profesora de la Universidad Nacional de Asunción y los docentes de niveles escolares. Tienen que cargarse de horas cátedra o ser profesor taxi para poder sobrevivir muy modestamente.
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Lo que significa que no tienen tiempo para la propia familia y mucho menos para navegar por internet e informarse y estudiar, investigar y atender con tiempo razonable a los alumnos que quisieran consultarles.
Igualmente frustrados sin poder invertir tiempo y dinero para participar en congresos, comprar libros y subscribirse a revistas profesionales, con lo que puedan actualizarse permanentemente.
En países del primer mundo ser profesor es lo máximo en cada profesión y hay países en los que para iniciar la carrera docente se exige haber tenido en el bachillerato las calificaciones más altas en sus notas.
Aquí va siendo frecuente que los estudiantes a los que no les da el cuero para estudiar otras carreras se refugien en la docencia para ubicarse en instituciones educativas del Estado, donde el sueldito queda de alguna manera compensado por la garantía de la seguridad social y la jubilación.
Lo más paradójico es que la degradación del profesorado se engendra, desde hace pocos años, precisamente en las entrañas del sistema educativo. Corren demasiados rumores y comentarios con nombres propios de universidades garaje con facultades de ciencias de la educación o pedagogía que con cursos breves, exámenes facilitados y calificaciones altas regaladas entregan títulos académicos profesionales a cambio de dinero, pagado por cuotas.
Lo más deplorable es que ese tipo de rumores sobre la misma corrupción se extiende e involucra a algunos Institutos de Formación Docente. Si los rumores se confirman con investigación de hechos, se cumplirá lo que dice el refrán; “Cuando el río suena, agua lleva”.
Un análisis elemental de esta presunta situación lleva a la conclusión de que la cadena de corrupción en el profesorado es posible no solo porque hay directivos de instituciones que son corruptos, sino que cuentan con profesores corruptos y alumnos, futuros profesores, que contribuyen a la corrupción comprando títulos corrompidos.
¿Y qué hacen el Viceministerio de Educación Superior, la Dirección General de Formación Docente y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones)? Con su pasividad permisiva, son cómplices y corresponsables de la devaluación y degradación del profesorado.
Las maestras, profesoras y profesores auténticos y honestos, que los hay, padecen injustamente la imagen y el descrédito que los corruptos están generando ante los padres y toda la ciudadanía, y encuentran la competencia desleal e injusta del poder de políticos y autoridades, que no valoran por méritos profesionales, sino por prebendas, populismo y colores.
Menospreciar, degradar y degenerar el profesorado es hundir la educación escolar y universitaria, la formación de los profesionales y al fin sabotear al pueblo, enterrando al país en la ignorancia, que es la madre de todas las pobrezas, desde la pobreza humana radical hasta la pobreza científica y tecnológica.
La ciudadanía debe comprender que esta devaluación institucionalizada no sucede por casualidad, que hay responsables que están secando la fuente principal de los saberes y del bien común, por eso debe reaccionar y exigir un giro de 180 grados en las políticas, gestión y administración, para ubicar a todas las maestras, profesoras y profesores en el lugar y condiciones que en justicia les corresponden.