Contradiciendo la Constitución Nacional

La posibilidad concreta de que la diputada liberal Celeste Amarilla sea privada de su inmunidad parlamentaria para ser procesada por sus manifestaciones del 2 de marzo pasado ante el pleno de la cámara, donde hizo acusaciones contra su colega colorada cartista Cristina Villalba, pone en el tapete una cuestión muy peligrosa para nuestro sistema democrático.

La diputada Villalba querelló a Amarilla porque esta la mencionó, junto a otros diputados, por sus vínculos con personas ligadas al narcotráfico y por ser protectora del exintendente Vilmar Neneco Acosta, actor intelectual del asesinato del periodista Pablo Medina y de Antonia Almada.

Las acusaciones contra Villalba, conocida como “la madrina del Norte” (algo que también recordó Amarilla en su intervención), no son nuevas y son de público conocimiento por haberse publicado profusamente en medios de prensa.

Su vínculo con Neneco Acosta, que también se dedicaba al narcotráfico, era público. El intendente era parte de su equipo político. Ella alegó que no sabía de sus actividades, lo cual algún ingenuo podría creer.

En cuanto a la querella entablada por Villalba no se trata de si uno está o no de acuerdo con las expresiones de la diputada Amarilla, cuya seriedad, pertinencia o relevancia en este caso concreto y en otras oportunidades en las que habló otros temas, pueden ser discutibles, como casi todo lo que se dice en esa cámara.

No es la primera vez que algunos parlamentarios son acusados ante el pleno de ser elementos del narcotráfico. Lo hizo en noviembre de 2014 el entonces senador Arnaldo Giuzzio, quien dio una lista de narco-diputados, algunos de ellos aún en actividad política hasta ahora.

La cuestión es que en el caso de Amarilla está en juego el artículo 191 de nuestra Constitución que señala: “Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones”.

Es ya llamativo que el juez Darío Báez Ferreira haya remitido a la Cámara de Diputados una iniciativa que contraviene la Constitución. Se supone que un magistrado conoce la ley más importante que regula nuestro país.

Uno querría creer que los diputados ni siquiera tratarán este pedido porque no corresponde que lo hagan, al poner en entredicho una atribución que les da expresamente la Constitución y que puede afectarle en algún momento a cualquiera de ellos.

Sin embargo, está visto y comprobado que en ese cuerpo legislativo se han perpetrado barbaridades y arbitrariedades, especialmente de parte de la bancada de Honor Colorado, sin que se les mueva un pelo a sus autores.

Violaron la Constitución cuando en junio de 2020 destituyeron a su colega colorado Ramón Romero Roa del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para reemplazarlo por un semianalfabeto jurídico, un tal David Rivas, para ser un títere de las órdenes del cartismo. También salvaron de cualquier sanción de manera corporativa a diputados involucrados en extorsiones, tráfico de influencias y crimen organizado.

Esto lleva a pensar que, en caso de concretarse el procesamiento de Amarilla, solo sería una demostración más de la prepotencia del cartismo y de cómo maneja a su antojo a ciertos jueces y fiscales. Y también un anticipo de como utilizarán el poder, si logran hacerse de nuevo con él.

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