La trasparencia es letra muerta

La controversia surgida en torno a la adjudicación de la administración de las playas turísticas del distrito de Carmen del Paraná, en transgresión a mecanismos de participación y transparencia exigidos por la ley, es un elocuente indicativo de que ciertos principios enunciados en la Constitución, como el de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, valen menos que papel mojado.

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La negativa del intendente Germán Gneiting (h) de informar, incluso a propios miembros de la Junta Municipal, sobre los contenidos de los contratos firmados para la explotación comercial de uno de los recursos turísticos y económicos más importantes de la comunidad, revelan no solamente un carácter autocrático, antidemocrático, sino que habilita las sospechas de que algún entuerto existe en todo el asunto.

Uno de los peores vicios que sufre nuestra mal llamada “democracia participativa” –que de “democracia” tiene bien poco, y de “participación” mucho menos– es el hecho de que, quien quiera que llegue al poder administrador de la cosa pública, se cree dueño de la misma. Trastoca el concepto de “res pública” y la convierte en un bien como si fuera propio.

Ocurre en prácticamente todas las instituciones del Estado, y acaso los ejemplos más emblemáticos los tenemos en las hidroeléctricas binacionales, convertidos en coto privado de una claque en el poder y su clientela política que se beneficia con salarios y privilegios inmorales en un país donde el jornal diario mínimo no llega a 90.000 guaraníes, y hay miles de familias que no comen tres veces al día.

Las playas de Carmen del Paraná son un recurso extraordinario para promover la economía de la comunidad. Generar fuentes de ocupación a cientos de jóvenes que emigran de su pueblo, precisamente por falta de oportunidades laborales.

La administración del intendente Gneiting, con la complicidad de una Junta Municipal que se burla de su compromiso ante la ciudadanía y se subordina a una perniciosa premisa de lealtad partidaria, con su manejo a escondidas del proceso de concesión de estos recursos, tiran por la borda la oportunidad de promover espacios de participación de emprendedores de su comunidad.

Los gobiernos municipales tienen la responsabilidad no solamente de administrar con honestidad y transparencia la cosa pública. También lo deben hacer con toda la eficiencia posible, en beneficio de su comunidad. La forma oculta, poco transparente con que manejó este asunto abre la sospecha de que no son precisamente estas condiciones las que motivan a esta intendencia y su Junta.

jaroa@abc.com.py

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