La semana que termina nos deja dos ejemplos de la necesidad de que la vigilancia ciudadana sea aún mayor, para exigir a los responsables del sistema judicial cambios estructurales reales y no cosméticos, que permitan albergar la esperanza de que algo puede cambiar dentro de nuestro sistema de justicia en el país.

El viernes en la 730AM preguntamos a los miembros del Consejo de la Magistratura, Pedro Santacruz y Gustavo Miranda, si estaban al tanto de la desaparición de un cuadernillo con las preguntas del examen de conocimientos administrado a 37 aspirantes a ocupar el cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia, que dejará Antonio Fretes el próximo 10 de marzo, cuando cumpla 75 años.

Tanto Santacruz como Miranda nos dijeron que no estaban al tanto del hecho.

Ayer sábado, por unanimidad los miembros del Consejo de la Magistratura decidieron anular el examen de conocimientos generales y específicos tomados a los 37 postulantes al constatar que un cuadernillo del examen había desaparecido, llevando hacia la lógica sospecha de que un postulante no lo devolvió porque quedaría en evidencia el fraude al constatarse que tenía marcadas todas las respuestas correctas en el documento de evaluación direccionado hacia él desde el interior del Consejo.

Por las dudas abiertas sobre el proceso, los consejeros decidieron invalidar la prueba y convocar a una nueva para el próximo jueves, generando la sensación de injusticia para quienes nada tuvieron que ver con la fraudulenta práctica y retrasando al martes 28 el inicio de las audiencias públicas que estaban previstas inicialmente desde mañana.

Todo esto en medio del proceso para elegir a quien aspira a ocupar el más alto cargo dentro de la estructura judicial del país, aquel que con su ejemplo debe inspirar respetabilidad y confianza hacia el sistema. Bueno, dejémonos de humoradas.

El otro hecho que pinta nuestra realidad es el del caso del bautizado por la policía como “el rey de los tortoleros”.

Si bien causó bromas su detención, sobre aquello de que es una noticia que parece repetirse cada cierto tiempo, causó luego indignación al saber que había sido liberado a las pocas horas por la fiscal Angélica Acosta de Villa Elisa, bajo el argumento de que no existía una orden actual de detención contra el hombre.

Poco importó que éste intentara huir de la policía durante un operativo de control y que el vehículo que conducía tenía puestas las chapas de otro automóvil.

No pasaron algunas horas para que el fiscal de San Lorenzo Julio Ortiz nos confirmara en la 730AM que el vehículo que conducía Hugo Marcelo Socal Torres había sido identificado como el que fue utilizado para cometer un hurto en un domicilio seis días antes.

Ortiz alegó que libró una orden de detención contra Socal prácticamente una hora luego de que este fuese liberado por su colega Acosta, porque hasta ese momento no tenía el dato de que el vehículo encontrado en poder de Socal había sido utilizado para cometer un delito.

Consultamos entonces cómo puede ser posible que en pleno 2023 jueces y fiscales no puedan acceder con un simple click a toda la información procesal actualizada de una persona, o de un vehículo vinculados a algún delito o crimen.

“Desde el Ministerio Público no tenemos un sistema para detectar la situación judicial actual de una persona. A lo que accedemos es a su historial, no cómo está su proceso con otro fiscal” nos decía a modo de explicación.

Fueron dos bofetadas de actualidad sobre nuestro sistema de justicia, ese que hay que cambiar si queremos pelear con algo de éxito contra el mayor de nuestros males.

Es allí donde se incuba la maldita impunidad.