La madre golpeadora en cuestión es conocida por vender remedios y especias por la ciudad y ser sumamente violenta con las personas que se niegan a comprar sus productos o que la cuestionan por algún hecho casual en la vía pública. De la misma forma, es “famosa” por maltratar y amenazar constantemente a su pareja con quien vende las especias. Por si todo fuera poco, existen denuncias que la mujer obliga a sus hijos menores a vender las especias en la vía pública, en plena madrugada y por zonas de mucha concurrencia y, si registran bajas ventas, la misma propina duro castigo a sus hijos.
Todo esto ocurre a la luz del día y bajo conocimiento de la Defensoría Pública, la Fiscalía y la Codeni, pero los responsables de estas instituciones no hacen absolutamente nada para solucionar el problema.
Ante la inacción de las autoridades, una madre y vecina de la víctima ya no soportó la situación y tuvo que sacar fotografías al maltratado cuerpito de la niña y denunció públicamente el caso para que la comunidad ovetense se entere de la atrocidad.
Ante esta situación, la fiscalía y el Poder Judicial no tuvieron otra alternativa que intervenir en el caso y, tras una fuerte presión social, la fiscala quien lleva la causa, Norma Ortiz, la imputó por violencia familiar, maltrato de niños y la violación del deber del cuidado. Posteriormente, el juez Carlos Raúl Zelaya, el jueves decretó la prisión preventiva de la misma.
Todo esto ocurre después de innumerables hechos de violencia y tras la nula acción de las instituciones competentes.
Hechos similares a esto son recurrentes en esta región y en el país, pero las instituciones competentes solo sirven para acomodar a funcionarios caudillos e incompetentes que lo único que les importa es mamar de los recursos de nuestra nación.
Todo esto indica una triste y recurrente conclusión: a las autoridades judiciales y los entes encargados de velar por la seguridad social les importa “un pepino” cumplir en forma sus funciones y la única fuerza contralora siempre será una sociedad unida que pueda exigir el cumplimiento igualitario de las leyes y buscar un desarrollo integral de nuestro país.