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Sin embargo, se plantean razonables dudas de que tal acción del Gobierno provoque alguna inquietud en el crimen organizado que tiene sentados sus reales desde hace bastante tiempo en la zona, que infecta desde adentro a las instituciones del Estado y opera con el concurso activo de agentes enquistados en la política, los organismos de seguridad y hasta en el mismísimo sistema judicial.
Un ejemplo paradigmático podemos observar en un sonado caso ocurrido en febrero del 2022, cuando la Senad detuvo a tres sujetos con cinco toneladas de marihuana, tras un costoso trabajo, en términos operativos y logísticos. Los detenidos resultaron ser un concejal municipal oficialista de Tomás Romero Pereira, Óscar Sanabria Cabral; un policía, Jorge René Franco Sosa, y un agente judicial, el ujier César Flor Silva. Estos representantes de tres diferentes estamentos públicos se asociaron para perpetrar un ilícito fueron condenados por narcotráfico en diciembre del año pasado. Sanabria fue beneficiado con la figura de la delación premiada, y recibió una pena de cuatro años. Meses después accedió a otro beneficio, un permiso transitorio, contemplado en la ley de ejecución penal.
El 12 de junio pasado, el exconcejal Sanabria y el expolicía Jorge Franco –también beneficiado con un permiso transitorio– fueron interceptados en una barrera policial en Capitán Miranda, cuando regresaban a su lugar de reclusión, la penitenciaría regional. En poder de los mismos se encontraron 30 chips de telefonía, y si bien es cierto que tener unos chips de teléfono no es delito, el contexto permite colegir el destino final de esos elementos.
Existe un tipo de inseguridad, cotidiana, inmediata, que te asalten en la calle, que te roben la moto, o el auto, o te desvalijen la casa. Esa inseguridad se podría combatir con más policías en las calles. Pero existe otro nivel de inseguridad, más sutil, de consecuencias más graves y profundas. Que se nutre de la corrupción instalada en los organismos del Estado, en la negligencia o desidia de los operadores de justicia, en la debilidad de un sistema altamente permeable a la impunidad. Combatir esa inseguridad no pasa por llenar las calles de policías, pasa por la depuración de las mismas instituciones del Estado que deben garantizar la seguridad ciudadana.