El caso tomó estado público esta semana, cuando la propietaria fue a retirar el automóvil depositado en el taller municipal, y se encontró con la nada agradable sorpresa de que le habían retirado el motor, las ruedas y partes del tablero. En términos coloquiales, fue “carneado” durante el tiempo que estuvo retenido por la Municipalidad.
Ante el reclamo comenzaron los primeros ensayos de “tirarse la pelota” entre responsables de distintas reparticiones municipales que intervinieron en el asunto, y es de esperar que la cuestión no vaya al famoso oparei y se busque un arreglo con la parte afectada y evitar más escándalos y que los responsables sufran alguna consecuencia.
Por lo pronto, una denuncia penal en curso que seguramente concluirá con la determinación de qué ocurrió e individualizando responsabilidades. Independientemente del curso de los acontecimientos en el ámbito penal, la Comuna tiene no solamente la responsabilidad de dar una explicación de lo que pasó con el vehículo a su propietaria, sino que debe reponer ese bien patrimonial que estando bajo su custodia sufrió los daños denunciados.
Pero el asunto no termina ahí. Por la propia salud de la figura del Ejecutivo municipal, el intendente tiene la obligación de investigar, deslindar las responsabilidades emergentes, y aplicar las medidas punitivas a quienes incurrieron en alguna acción deshonesta y desleal.
Configura una acción deshonesta de alguien que en forma subrepticia se aprovecha de una situación para obtener algún beneficio. Provoca un daño patrimonial a un tercero que no está en condiciones de ejercer la defensa de su patrimonio. Incurre en un vulgar robo de algo ajeno.
Quien incurrió en el hecho también cometió una acción de deslealtad, porque traicionó los enunciados y promesas de la actual administración comunal de brindar a la ciudadanía un modelo de gestión diferente, justa, transparente. Traiciona el voto de confianza de ese ciudadano cansado de “más de lo mismo”, pero se encuentra con un “lo mismo que igual”.
Traiciona la necesaria confianza entre el pueblo y las instituciones del Estado creadas para velar y cuidar de los intereses ciudadanos.