La reciente aprobación del presupuesto 2025 de Ciudad del Este, sin un exhaustivo análisis, genera preocupaciones y abre las puertas para las reiteradas modificaciones del plan de ingresos y gastos como ocurre en cada ejercicio fiscal.
En primer lugar, el monto aprobado, que asciende a G. 343.634 millones, no es una cifra menor y compromete recursos significativos que impactarán en diversas áreas de la ciudad. Por ello, es indispensable que todos los concejales tengan acceso pleno y oportuno al proyecto de presupuesto para analizarlo detalladamente.
Según los concejales disidentes, se les negó esta oportunidad de acceder a los documentos.
La estimación de ingresos propios de G. 287.145 millones, junto con los recursos provenientes de royalties, Fonae y juegos de azar, implica que los concejales deberían poder discutir si estas proyecciones son realistas y cómo se ajustan a las prioridades municipales.
Sin embargo, la falta de debate impide que se evalúen posibles mejoras o ajustes en la planificación. Por otra parte, los argumentos del oficialismo y disidencia ponen en evidencia la necesidad de reformar los procedimientos para garantizar una revisión más ordenada.
Si, como menciona el edil oficialista Pedro Acuña, el proyecto estuvo disponible durante 40 días en la secretaría de la Junta Municipal, entonces habría que preguntarse si existieron barreras en la comunicación interna que impidieron que los disidentes accedieran a la información.
Un debate exhaustivo y ordenado no solo es una garantía democrática, sino también un mecanismo para optimizar los recursos públicos. La diversidad de opiniones en un órgano colegiado como la Junta Municipal permite identificar posibles fallos o inconsistencias en las proyecciones presupuestarias. En este caso, se perdió la oportunidad de que los ediles disidentes contribuyeran con sus observaciones para fortalecer el plan fiscal.
La ciudadanía merece claridad sobre el uso de los recursos públicos. Cuando los procesos se perciben como poco transparentes, se genera desconfianza en las autoridades. El presupuesto es una herramienta clave para el desarrollo local, y su aprobación debería ser el resultado de un trabajo colectivo que refleje un compromiso con la rendición de cuentas.