Mafia de cuidacoches

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Estacionar por las calles de Asunción y encontrarse con un cuidacoches es, para muchos conductores, un momento de mucha tensión. No se trata de un servicio que se puede elegir, ni mucho menos un gesto de amabilidad. Es peor, una obligación enmascarada, una extorsión disfrazada de una “colaboración” a voluntad.

No importa si alguien simplemente quiere estacionar su vehículo por unos minutos: si no paga el monto requerido, su auto puede ser rayado, algunas autopartes pueden ser robadas impunemente, como el espejo o luces, o incluso recibir amenazas. Esta situación muestra con claridad quién manda en la calle.

Esta semana, la Policía Nacional detuvo a 28 cuidacoches, y el dato más alarmante no es el número en sí, sino el historial detrás de ellos: dos tenían órdenes de captura y 16 contaban con antecedentes penales. ¿Desde cuándo el espacio público se convirtió en un territorio donde impera la ley del más fuerte y de la inseguridad?

El problema no es solo de los cuidacoches. Es de un sistema político que permite y, en cierta forma, necesita que existan personas en la marginalidad y vulnerabilidad dispuestas a hacer cualquier cosa para sobrevivir.

A los políticos les conviene que haya gente en la miseria, porque en cada campaña electoral, esos mismos hombres y mujeres que hoy extorsionan conductores serían los primeros en ser “contratados” según las promesas vacías y favores clientelistas que hacen. Es un círculo vicioso que ningún político quiere romper a su plena conveniencia.

Las autoridades policiales sí hacen sus operativos esporádicos, pero eso no resuelve nada. Se llevan a algunos detenidos y al día siguiente vuelven a ocupar su lugar. El problema de los cuidacoches no se soluciona con patrullas ni allanamientos. Se soluciona con trabajo digno, con oportunidades reales, con un Estado que deje de hacer la vista gorda a la marginalidad hasta que la necesita para llenar las plazas durante una campaña.

Los ciudadanos están cansados de vivir con miedo. Cansados de que el espacio público tenga dueños ilegales, de que la inseguridad se haya convertido en el arma perfecta para justificar cobros indebidos de cuidacoches. No se puede seguir tolerando este chantaje.

Si el Gobierno no actúa con decisión, Asunción y otras ciudades, como San Bernardino, seguirán siendo rehenes de estas mafias disfrazadas de necesidad. Porque eso es lo que son: mafias. Y hasta que no se les enfrente como tales, los verdaderos dueños de las calles seguirán siendo ellos y no el pueblo.

Los ciudadanos seguiremos siendo extorsionados en las narices de todos. ¿Cuándo se pondrá fin a esta mafia?

jose.peralta@abc.com.py