En aquella oportunidad, Feprinco sostenía: “Esto genera dudas sobre la seguridad jurídica y presenta las debilidades de nuestra democracia”. La UIP también encendía la alarma. No era cuestión de defender a una senadora, sino de señalar el peligroso rumbo autoritario del Gobierno, representado por el Legislativo.

Este año, con el caso Lalo Gomes volvieron a saltar los empresarios ante el poder de un individuo para manejar al Poder Judicial. El Club de Ejecutivos expuso en un comunicado: “La corrupción y la impunidad están socavando la confianza en nuestras instituciones y poniendo en riesgo el desarrollo del país”.

La Asociación de Bancos proclamó su “preocupación” por lo de la justicia. Un hombre vinculado con el narco influía en resoluciones judiciales de trascendencia, y tenía a fiscales y jueces a sus órdenes. Los mensajes extraídos de los teléfonos del asesinado diputado pedrojuanino son elocuentes. Más allá de que ciertos sectores quieran descalificarlos en el campo legal.

La Cámara Paraguaya de Supermercados y la Asociación de Empresarios Cristianos se manifestaron en el mismo sentido de exigir una lucha verdadera contra la corrupción y que la justicia se independice del imperio narco.

La insustancial “cumbre” de supuestos poderes de días pasados hizo lo que la mayoría presagiaba: emitir un documento vacío de decisiones ejecutivas y lleno de expresiones insulsas pensadas para evitar cualquier compromiso con una lucha verdadera contra la corrupción.

El presidente Santiago Peña, quien se arroga el papel de “luchador” contra ese flagelo, no tuvo empacho en respaldar a su ministro de Inteligencia y a su ministra de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Marco y Liliana Alcaraz, dos hermanitos que se las traen, cuyo sometimiento a Lalo Gomes está fehacientemente expuesto por el póra del pedrojuanino: su teléfono.

El caso Lalo Gomes es la revelación más impactante en la historia de nuestro país respecto a la podredumbre del poder. Está todo expuesto ahí. Más allá de partidos o de movimientos. Cada cual busca ocultar o minimizar su culpa y acrecentar la del adversario. Pero esas escaramuzas ingenuas no logran evitar el hedor de lo expuesto.

El Gobierno (los tres poderes) no puede seguir sordo y ciego ante las protestas. De los empresarios, que sostienen la economía, y de los ciudadanos, que dinamizan una economía cuyo equilibrio está en peligro por el aumento escalofriante de la deuda pública, destinada a mantener un cada vez más voraz aparato político parasitario. Y mientras, la gente queda fuera de la agenda política.