El supuesto autor, un joven de la misma edad, la quemó viva. El fuego se concentró en su vientre.
Para este joven, responsable del crimen, por ser menor de edad, la pena máxima a la que podría ser condenado es de apenas ocho años de cárcel. Ocho años por quemar viva a una adolescente embarazada. Ocho años por planificar un asesinato con la misma naturalidad con la que otros adolescentes planifican una salida. Un crimen de adulto debe ser juzgado y castigado como crimen de adulto.
Ante esta tragedia entonces uno no puede evitar preguntarse: ¿Qué está pasando con la salud mental de nuestros jóvenes? ¿En qué momento se volvió normal que adolescentes sean capaces de estructurar y ejecutar un crimen con semejante crueldad?
Este caso, ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo, sacudió al país y estremece no solo por su brutalidad, sino porque no es un hecho aislado. En el 2023, María Ramona, una mujer embarazada de 37 años, fue quemada por su pareja en el cerro Cristo Rey de Caacupé.
Dos crímenes idénticos, dos mujeres embarazadas asesinadas por hombres que se creyeron dueños de decidir sobre su vida y su cuerpo. El mismo patrón, la misma atrocidad, el mismo silencio institucional.
Ambos casos evidencian que la violencia machista sigue anidada en el corazón de la sociedad paraguaya. Una sociedad que sigue criando varones incapaces de asumir responsabilidades y que, cuando se sienten amenazados por una decisión ajena a su control, como la de una mujer que decide tener un hijo, optan por eliminarla.
Y, como ocurre siempre en Paraguay, el sistema de justicia llega tarde. O peor aún: ni llega. La violencia contra las mujeres sigue creciendo, las cifras se disparan, los femicidas caminan, y las víctimas son reducidas a simples nombres en carpetas fiscales.
Solo en lo que va del 2025, ya se registraron más de una docena de feminicidios en el país. Casos que apenas logran instalarse en la agenda mediática por unas horas antes de ser reemplazados por algún escándalo político o deportivo.
Estos casos deberían estremecer a todos. Deberían llenar de vergüenza a una sociedad que se limita a indignarse en redes sociales mientras las muertes de mujeres quedan impunes. Pero, sobre todo, debe incomodar y obligar a quienes tienen el deber de legislar, juzgar y garantizar que una historia como la de María Fernanda y María Ramona nunca más vuelva a repetirse.
Mientras no se actúe con firmeza, Paraguay seguirá quemando a sus mujeres y enterrando a su juventud. Cada día que pasa sin respuestas, sin cambios reales y sin justicia, este país será cómplice de macabros crímenes.