Siendo así las cosas, los usuarios dependientes del servicio comenzarán mañana una nueva semana con la duda de saber si tendrán o no colectivos el martes y el miércoles.
Para esos días los choferes anuncian una huelga, en protesta contra la nueva ley de reforma del transporte sancionada esta semana por el Congreso, porque entienden que ésta vulnera sus derechos sindicales y de organización.
La Federación Unitaria de Trabajadores y la Federación de Trabajadores del Transporte ya comunicaron oficialmente al Ministerio del Trabajo que llevarán adelante la huelga, y además exigen la destitución del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, a quien ya no consideran un interlocutor válido.
Una nueva reunión fue convocada para mañana por la mañana con la intención de desactivar la amenaza, pero los sindicalistas exigen que el presidente vete tres artículos de la nueva ley para dejar de lado la huelga.
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Cuestionan por un lado un artículo que declara imprescindible al servicio de transporte público metropolitano, y como tal, garantiza su prestación continua y regular, estableciendo que las interrupciones totales o parciales del servicio serán sancionadas como infracciones graves, y fijando que en situaciones de huelga o paro, deberá garantizarse el funcionamiento mínimo de los servicios, que no podrá ser inferior al 60 por ciento con relación al servicio regular.
Para los sindicalistas este artículo habilita a eventuales sanciones judiciales por huelgas, por lo que exigen además que se cambie el adjetivo de “imprescindible” por el de “esencial”.
Otro de los artículos cuyo veto solicitan es el que regula la continuidad laboral de los choferes en caso de que una nueva empresa asuma la concesión. La ley la obliga a incorporar a todos los trabajadores que hayan prestado servicios por al menos los dos últimos años, sin embargo ellos argumentan que precisamente se abren las puertas a despidos de aquellos que tengan menos de dos años de antigüedad laboral.
El tercer artículo cuyo veto exigen para levantar la huelga es el que establece los componentes del sistema operativo, dividiéndolos en flota, infraestructura, operación en unidades funcionales y servicios complementarios.
Los dirigentes sindicales argumentan que al dividirlos de este modo, se dividen también responsabilidades y no queda clara la relación de quién será el empleador directo.
Ante los cuestionamientos, el propio viceministro de Transporte salió a desmentir que la reforma legal vulnere los derechos laborales de los trabajadores, y que incluso la Organización Internacional del Trabajo reconoce que hay casos en algunos sectores en los que se puede limitar el derecho a la huelga, entre ellos el del transporte público, aunque la ley regula el conflicto, al respetar el derecho de protesta, pero garantizando una provisión básica del servicio.
La semana comenzará entonces mañana con esta nueva amenaza de alteración en el servicio, un servicio de mala calidad y que además progresivamente fue perdiendo usuarios, como lo reconoció la propia ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, el miércoles pasado en la 730AM.
“El sistema al ser un sistema obsoleto, perimido, que no ha servido a nadie, ha perdido sus pasajeros” decía la ministra, al recordar que hoy son menos de 400 mil usuarios en la zona metropolitana, mientras un informe del Banco Mundial sostiene que solo un 7 por ciento de los viajes se hacen en colectivos diariamente.
La ministra asegura que con la nueva ley ya podrán verse algunos efectos y cambios en el servicio a fines del próximo año, con renovación de flotas, optimización de itinerarios y renovado sistema de concesión.
La realidad histórica del servicio sin embargo no nos empuja a ser muy optimistas en un negocio en el que se mueven demasiados intereses y dinero.
Será interesante ver entonces cómo el Ejecutivo maneja este primer conflicto surgido ya antes de la propia promulgación de la ley, con la que anuncia que reformará el servicio.
guille@abc.com.py