Las rutas romanas fueron obras maestras de ingeniería que aseguraron la unión del Imperio, destacadas por su resistencia, exactitud y beneficio militar, comercial. Estas facilitaban el movimiento rápido de ejércitos, mercancías y comunicaciones.
Su construcción sólida de varias capas de materiales (piedra, grava, arena) garantizaban durabilidad. Se diseñaban con gran exactitud topográfica, atravesando montañas y ríos mediante puentes.
El Estado romano aseguraba la conservación de estas rutas para evitar deterioro y esto por cuanto que esas eran esenciales para mantener el poder.
Cuidar los caminos era cuidar el Imperio: su fuerza, su economía y su identidad dependían de ellos. Entre esas se encuentran la Vía Apia de aproximadamente 650 kilómetros y la Vía Augusta de casi 1.500 kilómetro; ambas conservan restos históricos, señal de su buena construcción.
En este país hoy día no se puede hacer uso de esa frase. Aquí los caminos no conducen a Roma.
Hoy, no por destino, ni por mala suerte, sino por abandono, muchas rutas conducen a la muerte. Hoy, por la desidia y el descuido, demasiadas rutas conducen a la muerte.
No es una metáfora. Las rutas nacionales, en estado de abandono, se han convertido en un camino hacia la tragedia; en menos de quince días, varios accidentes y vidas perdidas.
El Estado tiene una obligación elemental e indelegable: mantener las rutas en condiciones mínimas de transitabilidad y seguridad. Eso implica bacheo y recapado donde corresponde, señalización visible, demarcación, iluminación en tramos críticos, banquinas en condiciones; en definitiva, mantenimiento permanente.
Cuando el Estado no ejecuta esa responsabilidad, el resultado es previsible: accidentes, heridos y muertos. Y entonces aparece la frase cómoda por parte de quienes tienen la obligación de mantener las rutas, de esos cansinos burócratas y meros suscriptores de dictámenes para otorgar concesiones de administración de rutas: “fue un hecho fortuito”, “fue imprudencia”, “fue mala visibilidad”, “fue la lluvia”.
Pero hay una verdad incómoda: la desidia pública, muy común en el sector público, duplica el riesgo. Tenemos merced a esos burócratas y la desidia rutas imperfectas, peligrosas y descuidadas, algunas abandonadas. Un bache –abundan en nuestras rutas– convierte cualquier error humano –o cualquier maniobra inevitable– en una condena.
Si el Estado nos cobra impuestos, administra recursos, monopoliza la planificación vial y otorga concesiones de explotación de las rutas con pingües ganancias a quienes da esas concesiones, entonces no puede desentenderse cuando la infraestructura que debía proteger termina matando.
La indiferencia del Estado frente al deterioro de las rutas es una ofensa a la vida y la dignidad ciudadana. Cada muerte causada por el abandono y desidia es una responsabilidad que no puede el Estado evadir. La omisión también es una forma de responsabilidad sea administrativa, civil y penal.
Que no se normalice lo intolerable. Que no se espere otro conteo de muertos para actuar. Un país que deja sus caminos en ruinas no conduce a Roma: conduce al duelo. Y eso, además de tragedia, es una deuda moral y pública que ya no admite excusas. Los paraguayos tenemos el derecho a exigir que las rutas dejen de ser una ruleta rusa. La desidia ya se ha cobrado demasiadas víctimas.
Finalmente, el verdadero mérito de un ministro de obras públicas se mide en seguridad y prevención, no en discursos. Ningún ministro puede ser “el mejor” si su gestión deja muertos en el camino. El elogio presidencial se convierte en un insulto a las familias que hoy lloran a sus seres queridos.
Abogado