SOS del río Paraná

La escasa liberación de agua a través del vertedero Aña Cua de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) se arrastra desde hace años y actualmente evidencia consecuencias ambientales y sociales cada vez más graves en el río Paraná. La alteración del caudal natural impacta en el equilibrio del ecosistema y golpea directamente a las comunidades ribereñas que dependen históricamente de la pesca para subsistir.

La proliferación de algas en el brazo Aña Cua es una señal de un ecosistema sometido a estrés. La disminución del nivel del río, que se mantiene entre 30 centímetros y un metro, según los propios pescadores, transformó extensos tramos del río en esteros, dificultando la navegación y desplazando especies ictícolas que antes sostenían la actividad pesquera.

El resultado es una cadena de perjuicios, que va desde la pérdida de recursos naturales hasta el deterioro de las condiciones de vida de cientos de familias ayolenses. A esta problemática se suma el daño económico que sufren los trabajadores del sector, cuyos elementos de pesca son destruidos por la acumulación de algas. Se trata de herramientas costosas y esenciales, cuya reposición resulta imposible para un sector ya vulnerable.

Mientras tanto, la hidroeléctrica continúa utilizando grandes volúmenes de agua para la generación de energía, en un esquema que, según denuncian los afectados, beneficia principalmente a la Argentina, sin contemplar los impactos locales.

Cuando el desarrollo energético se impone sin controles adecuados, el costo suele recaer sobre los sectores más frágiles. En este caso, pescadores sin alternativas laborales ven cómo su única fuente de ingresos se reduce día a día, mientras el deterioro ambiental avanza sin freno.

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Frente a este escenario, resulta impostergable una investigación profunda y transparente que determine responsabilidades y permita adoptar medidas urgentes. Generar millones de dólares en ingresos no puede justificarse si ello implica sacrificar el equilibrio ambiental del río Paraná y condenar a la precariedad a comunidades que dependen del recurso hídrico para sobrevivir.

A ello se suma la necesidad de revisar los acuerdos y mecanismos de control vigentes, que deberían garantizar un uso equitativo y sostenible de los recursos hídricos compartidos. Sin voluntad política y sin una gestión ambiental responsable, el daño podría volverse irreversible.

El silencio institucional, en este contexto, solo profundiza la desconfianza y la sensación de abandono de las poblaciones afectadas.

miguel.rodriguez@abc.com.py