Mientras en Estados Unidos el malestar general va en aumento a causa de redadas en las que agentes encapuchados se llevan a rastras a niños y familias enteras –cuando no disparan a bocajarro contra quienes protestan por sus brutales acciones–, al otro lado del Atlántico el gobierno social demócrata en España aprueba por un Real Decreto una regularización extraordinaria de inmigrantes que puede beneficiar a al menos medio millón de personas.
En una época en la que imperan globalmente políticas que ponen freno a los flujos migratorios, el New York Times destaca en su portada digital la noticia por inusual.
Ciertamente, la Administración del primer ministro español, Pedro Sánchez, rompe con una tendencia cada vez más marcada de los gobiernos europeos: siguiendo el ejemplo trumpista, cierran la entrada a inmigrantes y a los que ya están en sus territorios les obstaculizan la posibilidad de regular su situación, aunque lleven años asentados e incluso contribuyendo a la economía con trabajos mal renumerados que los nacionales rechazan.
En el Reino Unido se han impuesto más restricciones para la solicitud de asilo; en Italia el gobierno conservador de Georgia Meloni ha intentado, hasta ahora infructuosamente, que las cortes le den luz verde para trasladar e internar en terceros países como Albania a los migrantes que llegan a sus costas a bordo de embarcaciones precarias; y en Hungría, donde gobierna el ultra derechista Víktor Orban, se impone una política muy similar a la de Estados Unidos, con énfasis en la estigmatización de los inmigrantes.
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Lo ideal es que esta medida que el Ejecutivo en España acaba de aprobar hubiera pasado previamente por el Congreso de los Diputados, pero, por temor a no encontrar consenso en un momento de gran polarización política, el gobierno y sus socios de coalición más a la izquierda han impulsado una iniciativa que los inmigrantes indocumentados aplauden porque los sacan del limbo migratorio y les brinda la posibilidad de tener vidas menos precarias.
Según datos del centro de análisis Funcas, en España hay algo más de 800,000 extranjeros en situación irregular. De acuerdo al procedimiento que se ha anunciado, los inmigrantes que llegaron al país antes de diciembre de 2025 y sin antecedentes penales, podrían iniciar los trámites a partir del mes de abril y en un plazo de unos tres meses.
Si cumplen los requisitos, pueden obtener un permiso de trabajo y residencia por un año que se podría renovar. Se trata de un proceso que facilita la vía para ser contratados legalmente y acceder a beneficios laborales y sociales.
El partido ultraderechista Vox no ha tardado en hacer gala de su habitual argumentario en contra de la presencia de inmigrantes, proclamando que esto derivará en una “invasión” que pone en peligro la “españolidad” de la sociedad.
En cuanto al Partido Popular, de centro-derecha, pese a que en 2024 su líder, Alberto Núñez Feijóo, se mostró proclive a una regularización de inmigrantes, en esta ocasión se ha opuesto al esgrimir razonamientos que lo acercan más a la retórica alarmista de Vox, un partido muy escorado a la agenda trumpista.
Frente a estas posiciones, la propia Iglesia católica, con la organización Cáritas al frente de la gestión de ayudas a los inmigrantes más vulnerables, celebra esta medida: “Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión.”
No es la primera vez que sale adelante un proceso de regularización que saca de las sombras a inmigrantes que tienen arraigo por tiempo de estancia y por su aporte laboral en sectores como la hostelería, el campo, la construcción, empleo doméstico o de cuidados de mayores y niños.
En 1986, bajo el gobierno socialista de Felipe González, se hizo la primera regularización. Posteriormente, con José María Aznar al frente del gobierno, el PP también lo hizo. La última se llevó a cabo en 2005 con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del gobierno y no se produjo una temida invasión. Ahora tampoco se prevé y lo que sí se tiene en cuenta son los beneficios que representan para las arcas de la Seguridad Social que coticen los inmigrantes que consigan salir de la economía sumergida.
Hoy en día, la mayoría de los extranjeros que se establecen en España proceden de Latinoamérica, pues componen el 90% de la comunidad inmigrante en el país y su presencia es evidente en todo tipo de negocios, profesiones y oficios. Mientras en el avispero político unos y otros debaten si la medida en cuestión debió de presentarse de mejor manera y si va a afectarles electoralmente según las creencias de sus votantes, los inmigrantes que esperaban con ansias esta regularización lo celebran llenos de esperanza, aunque cautos. Si algo han aprendido, es a no hacerse demasiadas ilusiones.
Artículo gentileza [©FIRMAS PRESS]