Por parte del Gobierno, se sostiene en el argumento central de que el actual diseño de la Caja Fiscal resulta financieramente insostenible, basados en regímenes especiales que permiten jubilaciones tempranas, con menos años de aporte y con tasas de reemplazo elevadas en relación con lo efectivamente contribuido. Entre las principales modificaciones propuestas se encuentran el establecimiento de una edad mínima de jubilación más uniforme en torno a los 57 años para ciertos sectores especiales y 62 años para el régimen ordinario, el aumento progresivo del aporte del afiliado y la modificación del cálculo del haber jubilatorio sobre el promedio de los últimos 5 años de salario. Desde la perspectiva oficial, estas medidas permitirían reducir el déficit de manera importante (aunque no eliminarlo). Sin embargo, el proceso de reforma ha evidenciado importantes falencias políticas y de gestión. Una de las principales críticas apunta a la falta de diálogo amplio con los sectores afectados. Gremios y asociaciones han cuestionado que el proyecto haya sido elaborado y presentado sin suficiente participación técnica ni mesas de trabajo vinculantes. A ello se suma la percepción de un tratamiento legislativo acelerado, con escaso espacio para consensos, lo que ha profundizado la desconfianza y la polarización.
En este sentido, el sector docente ha sido uno de los más activos en cuanto a las protestas, manifestaciones y reclamos al Gobierno sobre la falta de un debido análisis sobre el proyecto de ley para la reforma planteada y que a la fecha cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) ha manifestado su rechazo a los cambios en la edad jubilatoria y en el porcentaje de aportes, argumentando que se afectan derechos adquiridos y condiciones históricas del régimen especial.
A todo esto, debe sumarse la disconformidad de las fuerzas públicas; la Policía Nacional del Paraguay y asociaciones de militares retirados cuestionaron que la reforma reduzca las condiciones diferenciadas que históricamente justificaron sus regímenes especiales, vinculados a la naturaleza riesgosa y demandante de sus funciones. En este punto, el debate gira en torno a si las particularidades del servicio justifican mantener esquemas de jubilación más temprana o si la equidad intergeneracional exige una convergencia hacia parámetros comunes.
Y como un efecto dominó, el planteamiento de la reforma de la Caja Fiscal también ha afectado al ámbito judicial donde integrantes del Poder Judicial, incluidos magistrados, han observado con preocupación la eventual modificación de sus condiciones jubilatorias. Si bien sus manifestaciones han sido menos masivas que las de sectores docente o policial, el debate interno ha generado tensiones institucionales y posicionamientos críticos en el plano parlamentario.
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La disconformidad de estos tres principales grupos no puede ser coincidencia. Necesariamente existe una falencia desde la parte legislativa que no ha sido capaz de velar por la generalidad de quienes en este momento se ven desde ya afectados ante una inminente modificación de sus regímenes jubilatorios.
Más allá de los sectores específicos, el conflicto revela un problema estructural más profundo; la Caja Fiscal arrastra un diseño fragmentado, con múltiples regímenes especiales y escasa correspondencia entre aportes y beneficios. El déficit acumulado es financiado con impuestos generales, lo que implica que trabajadores del sector privado que aportan a otros sistemas también contribuyen indirectamente a sostener jubilaciones del régimen público. Esta situación alimenta el argumento gubernamental de equidad fiscal, pero al mismo tiempo expone la ausencia histórica de reformas graduales que hubieran evitado un ajuste concentrado y socialmente costoso.
Las falencias del Gobierno no se limitan al contenido técnico del proyecto, sino también a la estrategia política. Declaraciones confrontativas de referentes oficialistas, la escasa pedagogía pública sobre los números reales del sistema y la ausencia de simulaciones claras sobre el impacto individual en cada sector han contribuido al presente clima de incertidumbre. Esto implica que, en contextos de alta sensibilidad social, la percepción de imposición suele generar mayor resistencia que la propia reforma en sí.
En definitiva, la reforma de la Caja Fiscal se sitúa en una encrucijada entre la sostenibilidad financiera y la legitimidad social. El desafío no es solo equilibrar cifras, sino reconstruir confianza. Sin un proceso participativo, transparente y técnicamente robusto, cualquier modificación corre el riesgo de convertirse en un factor de conflictividad permanente. La sostenibilidad del sistema jubilatorio paraguayo exige reformas, pero también exige diálogo, gradualidad y un enfoque que combine responsabilidad fiscal con justicia social.
Aquí, cabe advertir que el arte de la negociación no se improvisa para tener resultados eficientes. La “negociación” entre el Gobierno y los sectores afectados requiere priorizar los intereses de los principales involucrados sin dejar de tener en cuenta el derecho basado en las leyes conforme al ordenamiento jurídico del país y dejar la fuerza en su mínima expresión. Por el contrario, el Gobierno ha hecho todo para priorizar la fuerza e imposición de su criterio (proyecto de ley), dejando los intereses de los sectores involucrados en su mínima expresión al punto de una eventual gran revuelta de docentes, policías, militares y magistrados principalmente.
Abogada