Por mayoría de sus integrantes, el Consejo decidió excluir de una terna para integrar un tribunal especializado en el crimen organizado, al fiscal Deny Yoon Pak.
Pak fue uno de los investigadores del operativo “A Ultranza Py”, uno de los más importantes realizados en el combate al narcotráfico y sus vínculos con el poder político, que derivó en la condena y exposición de una red de tráfico de drogas y lavado de dinero.
El fiscal no tiene cuestionamientos en su trabajo, y ni siquiera aquellos que generalmente se oponen a algunas figuras no alineadas al poder, buscando descalificarlas con el mote de “mediáticas”, pueden hacerlo en este caso, ya que Pak ni siquiera es afecto a dar entrevistas, o a aparecer en redes sociales o medios de comunicación.
Solo uno de los integrantes del Consejo le dio su voto, los otros siete optaron por apoyar al fiscal Aldo Cantero, quien aparece en varios polémicos episodios, como el recibir instrucciones de un abogado particular para realizar imputaciones a medida, o en el que fue bautizado como “Aldo canta 50” por el entonces secretario del Jurado de Magistrados, el “partner” Raúl Fernández Lippman, quien se refería así al fiscal al explicar un proceso de negociación de causas judiciales.
Quedó claro una vez más con este caso, por si había algunos que seguían defendiendo lo indefendible, que en el Consejo intervienen los canjes de favores y respaldos políticos por sobre el análisis de la capacidad e independencia de los postulantes.
Lo admitió y explicó muy bien en una entrevista el senador Édgar López, integrante del Consejo, quien argumentó que “en la política, en estos casos, tanto en el Consejo como en el Senado, muchas veces votamos por uno, por más que no estamos de acuerdo. Tenemos que hacerlo”.
“Yo tuve otros candidatos, y para que mis candidatos tengan también los votos, vos necesitás el voto de los colegas. No hay otra salida” justificó.
Una transacción, un canje de favores, un intercambio, un equipo apoyando a otro equipo.
Definámoslo como lo definamos es la antípoda del ideal de independencia de los actores del sistema de justicia en el país.
Decíamos que fue una semana negativa para el ideal de justicia.
Tras más de seis años de esquivar un proceso judicial, la empresaria Dalia López también consiguió que un juez de garantías la favorezca con un arresto domiciliario.
Tras ofrecer en garantía cuatro inmuebles tasados en más de un millón seiscientos mil dólares y plantear la colocación de una tobillera electrónica, los defensores consiguieron que la mujer, que esquivó a la justicia todo este tiempo, pueda litigar ahora desde su domicilio, en una causa que nos expuso a un escarnio institucional internacional.
Quedó también pendiente esta semana la revisión de las medidas de libertad ambulatoria que pesan sobre el ya exsenador Erico Galeano, quien a través de un par de recursos de sus abogados consiguió suspender la audiencia en la que debe resolverse el pedido de prisión preventiva que realizaron los fiscales que lograron su condena a 13 años de cárcel por lavado de dinero del narcotráfico y asociación criminal.
Vamos cerrando así la semana de la Independencia Nacional, una que nos muestra la utopía de la necesidad de un Poder Judicial independiente.
Es allí donde se anida la impunidad, el mayor de nuestros problemas.
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