Resulta difícil de entender cómo un caso de semejante magnitud continúa tropezando con suspensiones, chicanas jurídicas y dilaciones interminables, mientras los familiares de la víctima deben acudir una y otra vez al Poder Judicial con la esperanza de que finalmente se haga justicia.
Ya son dos las veces en que el inicio del juicio oral y público para los adultos involucrados en el crimen fue suspendido. Dos oportunidades perdidas en un proceso que debía avanzar con firmeza y prioridad debido a la gravedad del hecho. Cada suspensión no solamente retrasa el proceso judicial, sino que también profundiza el sufrimiento de una familia destruida por el asesinato de una adolescente.
Lo más preocupante es que, mientras el juicio oral continúa sin avanzar, ahora surge la posibilidad de que el principal sospechoso de 18 años, pero en el momento del crimen adolescente de 17 años, pueda recuperar su libertad debido al vencimiento de los plazos procesales y a la falta de una fecha definida para el inicio de su juzgamiento. Es decir, la propia lentitud del sistema judicial podría terminar beneficiando al principal acusado de un crimen que horrorizó al país entero.
La ciudadanía observa con impotencia cómo un caso tan sensible se encuentra atrapado entre trámites, recusaciones, incidentes procesales y postergaciones que parecen no tener fin. Y aunque legalmente toda persona tiene derecho a ejercer su defensa, también existe el derecho de las víctimas a obtener una justicia rápida y efectiva.
Porque aquí no se está hablando de un caso menor. Se está hablando del asesinato de una adolescente cuyo cuerpo fue hallado calcinado y enterrado clandestinamente, un hecho que generó indignación nacional y movilizaciones ciudadanas exigiendo justicia.
Sin embargo, a casi un año del crimen, todavía no existe una sentencia y ni siquiera se logra iniciar con normalidad el juicio oral y público para todos los involucrados.
La imagen que termina proyectando el sistema judicial es sumamente preocupante. La sensación que queda es que la Justicia paraguaya continúa siendo excesivamente permisiva y vulnerable a las maniobras dilatorias que terminan desgastando a las víctimas y favoreciendo indirectamente a los acusados.
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