La nuestra es una prueba irrebatible. Se la erosiona cada día desde las mismas instituciones del Estado. Así tenemos, por dar un ejemplo, que Santiago Peña informa de sus gestiones al titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, y después lo hará al Congreso.
El Art. 238 de la Constitución Nacional manda al presidente de la República: “dar cuenta al Congreso, al inicio de cada período anual de sesiones, de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo, así como informar de la situación general de la República y de los planes para el futuro”. No dice “dar cuenta también al Congreso”. Entre los muchos defensores de esta anormalidad -¿o delito?- está el senador Cartista, Derlis Maidana, que salió a decir: “En ninguna parte está prohibido que el Presidente haga su informe ante el Partido Colorado o la Asociación Paraguaya de Fútbol”.
Tiene razón el senador. No está prohibido. Tampoco está prohibido que la ciudad de Luque vuelva a ser la capital de la República ni que los parlamentarios asistan desnudos a las sesiones. Pero están el sentido común, el decoro, la dignidad, la ética. La ética, sobre todo, que indica el camino correcto para evitar el fracaso total de la democracia. No cabe que un presidente de la República arrastre su investidura por los pasillos de la Junta de Gobierno del Partido Colorado –ni de ningún otro partido- dejando al Congreso en segunda fila. El senador Maidana sugiere que puede hacerlo también ante la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y si, puede hacerlo. Es la arrogancia propia del cartismo. “Somos mayoría y hacemos lo que queremos”.
Es posible que a muchos cartistas –acabamos de nombrar a uno- les parezca una insignificancia el incumplimiento de la Constitución. No es una cuestión menor. Tiene un fuerte y arriesgado significado político. ¿Por qué primero se le rindió cuenta a Horacio Cartes? Porque saben que él no aceptará ser segundo. Se preguntaría enfadado: ¿Por qué primero el Congreso y después yo?
El señalado artículo 238, dice: “informar de la situación general de la República”. Situación general incluye lo bueno y lo malo. No dice que el Presidente invente un país ficticio, o existente solo en su imaginación.
Nuestra democracia sufre “una erosión gradual desde dentro”. ¿En qué democracia el gobierno gasta miles de dólares en sostener una campaña sucia contra la prensa independiente, políticos y periodistas críticos? Es tan sucia la campaña que sus promotores quisieron ocultarla. Pero saltaron las evidencias y no tuvieron más remedio que admitirla con desgano. ¿Qué consecuencias tiene este reconocimiento? Nada. Ni política ni judicialmente. Sus autores, cómplices y encubridores –todos identificados- están a cubierto del castigo que se merecen. La campaña que llevaron adelante se da solamente, o así lo creíamos, en regímenes totalitarios. Los cartistas y satélites impiden que se la investigue por temor, seguramente, de que salgan más actos delictivos de lo que se sabe.
Tenemos una Constitución Nacional con raíces democráticas. La primera, la de 1870, nació bajo la ocupación de las fuerzas aliadas; la de 1967, con estado de sitio. La última, la de 1992, se estudió, debatió, discutió, con total libertad siempre con la intención de que la gente viva mejor a partir del respeto a sus derechos.
El periodista el diario madrileño “El País”, Joaquín Estefanía, escribió el pasado 21: “Las personas no solo quieren votar, también esperan vivir mejor, con seguridad, justicia y oportunidades; cuando la democracia no responde a ello, pierde fuelle. Las libertades democráticas, incluidos los derechos económicos, han de generar mejoras en la vida de las personas. La democracia y el desarrollo no constituyen agendas separadas, sino que se potencian”.
Nuestra democracia pierde fuelle cada día con la gravedad de que la erosión viene del seno mismo de las instituciones del Estado.
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