Lo que sorprende no es el instinto natural de las denuncias de justificar el ineficaz manejo de la red cloacal, sino que otras instituciones aparezcan al acecho. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) omitió durante meses los reclamos ciudadanos por la contaminación de los arroyos, pero inició sumarios contra la comuna, a la que pretende multar entre G. 100 y 1.000 millones. La resolución llegó apenas 3 días después de solicitarse el amparo que exponía el abandono de las estaciones de bombeo. La coincidencia de fechas no prueba una represalia, pero exige, como mínimo, una explicación pública que el Mades todavía no dio. Sin entrar en el debate de si la comuna tiene responsabilidad en faltas ambientales -que probablemente la tiene-, preocupa la velocidad con la que las instituciones responden a intereses mezquinos, mientras la ciudadanía no es escuchada en su preocupación por la grave situación medioambiental de la ciudad.
Este episodio es apenas el síntoma más visible de un mal mayor. Las instituciones del Estado demuestran, una vez más, lo permeables que son a la identidad política de turno. Actúan en bloque para preservar los intereses -y el desinterés- de quienes se sienten amenazados en un período tan sensible como el electoral. Encarnación y sus ciudadanos vuelven a ser rehenes de una disputa entre el gobierno nacional, representado por la ANR, y la administración municipal, hoy en manos de la oposición. Más allá de tomar partido, importa entender que esa disputa tiene un único resultado seguro, el ciudadano común termina de carne de cañón en una pelea de intereses ajenos.
Toda iniciativa, venga de donde venga, es bloqueada con los medios disponibles, sin que se ofrezcan alternativas a problemas reales como el transporte público, la seguridad o el deterioro ambiental que sufre la capital del departamento. Las instituciones del Estado se usan para evitar una intervención directa, pero su abandono a nivel local genera carencias concretas para la gente. El golpe busca al administrador de turno; el impacto lo recibe la ciudadanía.
Las playas, motor económico de la ciudad, pueden pagar el costo de esta contaminación. ¿Qué más está dispuesto a sacrificarse, sin sentido, con el único objetivo de asediar a un rival político? El ambiente ya sufrió, y recuperarlo va a costar caro.
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