Es necesario que el servicio de salud deje de ser solamente promesa de cada campaña electoral para después quedar en el olvido. En cada elección se habla de mejoras, de nuevos edificios, de equipos y especialistas, pero una vez pasada la fecha de los comicios, todo vuelve a quedar estancado, como si la salud de la gente fuera moneda de cambio y no una prioridad de Estado. La ciudadanía ya no se conforma con palabras; exige hechos concretos que se mantengan más allá de cualquier calendario político.
La población sostiene que el proyecto del nuevo hospital, que debía financiar la Entidad Binacional Yacyretá, fue abandonado para dar paso a un esquema que, en lugar de sumar fortalezas, juntó carencias. El tiempo dio la razón a quienes se opusieron desde el principio. Este sistema no funciona. Ayolas cuenta con un centro de salud que no tiene capacidad ni infraestructura para responder a la demanda.
La realidad confirma el error. La falta de especialistas permanentes, en cardiología, traumatología, oftalmología y otorrinolaringología, obliga a derivar pacientes a otras ciudades. Faltan insumos y equipos como el de radiología, que se encuentra inoperante. Y lo que resulta más injusto: los asegurados del IPS, que aportan sumas millonarias, incluidos funcionarios de la propia EBY, encuentran cupos agotados cuando acuden. Cuando el IPS no tiene medicamentos, se recurre a Salud Pública; cuando ocurre a la inversa, no hay respuesta. Se unieron las debilidades, no las fortalezas, y quienes más aportan terminan siendo los más perjudicados.
El problema no se limita a Ayolas, también pobladores de San Cosme y Damián y zonas de Ñeembucú dependen de este servicio y sufren las mismas falencias.
El terreno destinado al nuevo hospital, en zona segura y cerca de la pista de aviación para atender emergencias, sigue esperando. La población no pide favores, exige lo que le corresponde por ley: que se deje de improvisar con la salud y que se construya el centro asistencial prometido.
Juntar dos sistemas que no alcanzan para cubrir ni su propia demanda no es solución; es compartir la carencia, y eso contraviene el derecho que la Constitución garantiza a todos.
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