Junior Ramón Delvalle Almeida, con antecedentes y causas pendientes, estaba en libertad. Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, quien también arrastraba antecedentes y varias órdenes de captura según los investigadores, contaba incluso con una tobillera electrónica por una causa de robo agravado. Pese a ese mecanismo de control, ambos estuvieron aquella noche en una jineteada, participando de la actividad como cualquier otra persona.
Lo más grave es que, según la investigación fiscal, esos mismos hombres están imputados por su presunta participación en el ataque que terminó con la vida de Rebeca Martínez Aricayé y dejó gravemente herida a Carolina Aguilar.
La Fiscalía sostiene que Rodríguez habría tenido participación directa en los disparos y que Delvalle habría impartido instrucciones para ejecutar el ataque.
El caso de la tobillera resulta especialmente preocupante. El GPS del dispositivo habría registrado los movimientos de Rodríguez durante la jineteada, en el lugar donde las víctimas fueron interceptadas y posteriormente en las inmediaciones del cementerio. Cuando fue identificado como sospechoso, el dispositivo fue destruido y el hombre pasó a estar prófugo.
Entonces, ¿para qué sirven los mecanismos de control si una persona sometida a monitoreo judicial puede circular libremente, asistir a eventos, terminar presuntamente involucrada en un crimen brutal y finalmente cortar la tobillera y escapar?
¿Qué garantías de vida y protección tiene la gente que acude a fiestas y eventos masivos, en un país donde la seguridad no está a la altura de los riesgos que enfrenta la ciudadanía? ¿Quién controla estos encuentros y quién responde cuando la violencia irrumpe y termina en tragedia?
Una tobillera no debería convertirse en un simple accesorio; una medida judicial debería cumplir una función real de prevención y control.
Mientras tanto, Rebeca está muerta y Carolina lucha por sobrevivir. Dos familias quedaron destrozadas, mientras los principales imputados continúan prófugos.
El caso de Eusebio Ayala debería obligar a las autoridades a revisar qué está fallando en la prevención, en el control de personas con antecedentes. Cuando esa persona con antecedentes acude tranquilamente a una fiesta, y queda posteriormente vinculada en la investigación a un crimen y luego escapa pese a portar una tobillera electrónica, la sensación de inseguridad deja de ser una simple percepción ciudadana subjetiva tal como dijo en su momento el ministro Enrique Riera.
faustina.aguero@abc.com.py