Artículo escrito en colaboración con Diego Area*
Paraguay ha vivido crisis políticas antes, pero nunca una que coincidiera con un cambio de poder en Washington. El colapso de Ueno Bank, que dejó a unos tres millones de depositantes pendientes de sus ahorros, terminó con la destitución de Santiago Peña, hoy imputado y en prisión preventiva junto con el extitular del Banco Central. Pedro Alliana asumió mientras su principal socio también cambia: desde enero, el Congreso estadounidense tendrá mayoría demócrata en ambas cámaras y una agenda intensa de supervisión.
Los primeros pasos fueron los correctos. El Banco Central empezó a pagar, el Estado garantizó jubilaciones y aguinaldos, y la Cancillería ratificó la continuidad de la política exterior. Washington respondió rápido: el secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con Alliana y lo invitó a reunirse. Ahora empieza lo difícil, porque el Ejecutivo estadounidense no tiene la última palabra.
Paraguay conoce la fiscalización estadounidense: Washington ya sancionó por corrupción a figuras paraguayas de primer nivel. El riesgo ahora son audiencias, cartas y titulares que conviertan al país en un capítulo de la pulseada entre el Congreso y la Casa Blanca. En el Capitolio, Paraguay será evaluado con tres preguntas.
La primera es si las instituciones funcionaron. La sucesión fue constitucional, pero no faltaron reglas ni alertas. En julio, el gerente de Supervisión del Banco Central, recién apartado de su cargo, advirtió en un memorando técnico sobre excesos en los préstamos de Ueno a empresas vinculadas. En octubre, la Asociación de Bancos pidió al regulador información sobre la solvencia de entidades beneficiadas en fusiones. Las señales estaban; faltó quién actuara.
Está en juego la credibilidad que el país tardó dos décadas en construir. S&P mantuvo el grado de inversión, pero advirtió que podría bajarlo si la desconfianza afecta el crecimiento, y esa nota define cuánto cuesta un préstamo para una pyme o una familia. Recuperar con transparencia los fondos del IPS es proteger a los jubilados y la confianza en el sistema.
La segunda pregunta es si Paraguay es socio del Estado o de un presidente. La alianza se construyó en buena medida sobre la relación Peña-Trump, y esa cercanía rindió frutos. Pero para una mayoría que llega a fiscalizar a la Casa Blanca, es una etiqueta. Lo que amortigua el golpe es que la relación depende cada vez menos de la ayuda, recortada a la mitad con el cierre de USAID, y más de un comercio en crecimiento.
Por eso, la prioridad es demostrar que los compromisos eran del Estado. La reunión a la que Rubio invitó a Alliana es la ocasión para dejar por escrito la ratificación del estatuto de fuerzas, la adhesión a Pax Silica y la negociación nuclear civil. Pedir al Tesoro estadounidense ayuda para rastrear los activos de Ueno convertiría el escándalo en un caso de cooperación contra el financiamiento ilícito.
La tercera pregunta, la más incómoda, es si alguien está protegiendo a alguien. Hay semanas, no meses, para responderla con tres señales. La primera, pagar la garantía de depósitos dentro del plazo legal del 17 de noviembre, sin usar la prórroga. La segunda ya se cumplió: tras escucharlos en sesión pública, el Senado aprobó por unanimidad a Jorge Schreiner, que integró el directorio del Banco Central durante la crisis bancaria de fines de los noventa, como su presidente, y a Fernando Rivarola, el autor de aquel memorando de julio, como director. La tercera, una auditoría forense internacional con resultados públicos y una garantía explícita de no interferencia con la Fiscalía.
Si esas respuestas se escriben en Asunción, el Congreso exige otro enfoque, no solo desde la embajada. Los equipos que en enero conducirán los comités de Relaciones Exteriores y de Presupuesto tienen hoy tiempo para escuchar. Antes del 3 de enero conviene reunirse con ellos, demócratas y republicanos, y ofrecer información sobre Ueno antes de que la pidan.
Pero la mejor carta de Paraguay no es diplomática. El juicio político fue unánime: una delegación de legisladores de distintos partidos que visite a sus pares en Washington contaría mejor que nadie que las instituciones funcionaron. Y si los demócratas quieren reconstruir la cooperación exterior, pedir apoyo para fortalecer la justicia y la supervisión financiera es pedir lo que ellos quieren financiar. Hay terreno común: Paraguay es el único aliado de Taiwán en Sudamérica, combate el crimen organizado en la Triple Frontera y ofrece en Itaipú energía limpia para inversiones que buscan alternativas a China. La fortaleza de la alianza ha sido no depender de una afinidad personal ni de un ciclo electoral.
Ueno confirmó lo que varios diagnósticos ya advertían: Paraguay tiene las leyes, pero no siempre la práctica. Esa brecha se puede cerrar, y cerrarla rápido es hoy la mejor política exterior del país. Washington estará mirando. Conviene que vea a un Estado que responde y no a un gobierno que se defiende.
*Sebastián Acha es consultor político en Pragma Grupo Consultor y copresidente del Grupo de Trabajo Estados Unidos–Paraguay. Diego Area es presidente y director ejecutivo de Global Americans.