La muy tardía actuación del Ministerio Público en el caso del fraude bancario derivó ahora en imputaciones que se basan en cada uno de los hechos registrados y publicados a lo largo de todo este tiempo.
En el caso de los sobres con dinero encontrados en la residencia presidencial nada se hizo, y cada reclamo público era minimizado y relativizado por el jefe de los fiscales.
La Fiscalía General del Estado fue inofensiva, temerosa del poder, mirando para otro lado sin el coraje de querer indagar para llegar de la forma más cercana posible a los hechos, avalando así todo tipo de conjeturas sobre el por qué de tanta omisión y negación de la realidad.
Para que la fiscalía actúe tuvo que reventar esta bomba que ya no pudo ser desactivada y que reventó porque quienes estaban timbeando con el dinero público y privado de los ahorristas, inversionistas, empresas e instituciones, ya no tuvieron cómo reponer hasta el encaje legal que habían manoteado para tratar de maquillar las cuentas.
Aún así, habiendo estallado ya la bomba, el inicio de la investigación fue una fotografía de esa funcionalidad fiscal: solo cuatro agentes en los primeros días para investigar y desarticular una enorme estructura criminal, un procesado al que mantuvieron por más de dos días con su herramienta de comunicación, y allanamientos tardíos y hechos varios días después de haber obtenido la autorización judicial.
Y hablando de negación de la realidad, los hechos son los hechos, y todas las conjeturas, interpretaciones, opiniones o análisis estarán siempre subordinados a ellos.
¿Que quién se beneficia políticamente? ¿Que quién ganó con esto? ¿Que quién sale perjudicado?
Todo esto queda subordinado al hecho principal: la creación de un banco que nació con cobertura política, privilegios y un grosero direccionamiento del dinero de instituciones públicas, para capturar tanto recursos públicos como privados en una defraudación aún difícil de estimar con precisión.
Claro que un banco puede quebrar por malos manejos y esto ocurre también en otros sistemas, pero lo escandaloso y aberrante es que desde el poder político se armó y ejecutó todo un plan para apuntalar y saquear la institución, manipulando una de las instituciones que mayor tranquilidad transmitía en los últimos años.
Una estructura criminal liderada por el propio presidente Santiago Peña, según el acta de la tardía imputación fiscal, que aún no tiene a todos sus protagonistas procesados, es solo cuestión de analizar las responsabilidades y el papel que cumplieron los responsables de las instituciones que fueron aumentando el envío del dinero, pese a las denuncias públicas y advertencias documentadas se vinieron haciendo desde hace meses.
El agujero es enorme. El BCP reporta que son unos 2 mil 800 millones de dólares los depositados en el banco, queda saber cuánto se podrá intentar recuperar con los activos sanos, pero no olvidar que este agujero es aún más grande si le agregamos más de 500 millones de dólares captados en bonos en el exterior y el dinero que ya no podrán reponer las empresas vinculadas que fueron arrastradas por este remolino fraudulento.
Sin olvidar tampoco que el dinero hasta aquí devuelto a los ahorristas es el producto del esfuerzo y aporte de todos los clientes del sistema financiero durante más de veinte años, a través del Fondo de Garantía de Depósitos.
Resta saber cuánto realmente se podrá reponer a este Fondo, con la liquidación del banco montado sobre el fraude.
Por eso es que las imputaciones fiscales son importantes, basadas en hechos incuestionables y documentados, aunque recordábamos en estos días que con las imputaciones y procesos judiciales pasa como con las películas: es importante cómo comienzan, pero aún mucho más importante cómo terminan.
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