En un encuentro internacional de jueces, realizado en Roma, el Santo Padre habló sobre los derechos sociales y el “lawfare” en nuestro continente. “Aprovecho esta oportunidad (...) para manifestar mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales”.
Agregó el Papa que “el ‘lawfare’, además de poner en serio riesgo a las democracias en los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental identificar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Sobre esto no me voy a detener, el juicio previo mediático, pues ya todos lo conocen”.
Afirmó también el Sumo Pontífice que “en no pocos casos, la defensa o priorización de los derechos sociales sobre otros tipos de intereses, los llevarán a ustedes (los jueces) a enfrentarse no solo con un sistema injusto, sino también con un poderoso sistema comunicacional del poder que distorsiona frecuentemente el alcance de sus decisiones, pondrá en duda hasta su honestidad y su probidad”.
Antes de concluir su discurso, Francisco expresó su satisfacción por la conformación de un Comité Permanente Panamericano de Jueces y Juezas por los Derechos Sociales, cuyo objetivo es superar la soledad en la magistratura, brindando apoyo y asistencia recíproca para revitalizar el ejercicio de la justicia.
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Por lo general, a los periodistas no nos parece correcta ninguna forma de coacción a la libertad de expresión. Criticar a los multimedios de comunicación, sin hacer distinciones ni citar casos concretos, nos recuerda demasiado a los gobernantes y políticos corruptos o autoritarios que, en vez de rendir cuentas de sus actos ante la justicia, se limitan a señalar a la prensa como coautora de alguna fantasiosa conspiración contra los intereses del pueblo.
Algunos defensores de los movimientos populares emergentes de América Latina han denominado “lawfare” a la combinación de fuertes campañas mediáticas con decisiones del sistema judicial para debilitar y, si fuere posible, destituir a ciertos gobernantes que provienen de dichos sectores.
Los sonados casos político-judiciales y mediáticos que sacaron del poder a Lula da Silva, Rafael Correa y Evo Morales, así como la derrota de Cristina Kirchner hace cuatro años, se presentan como ejemplos de esta modalidad operativa. Sostienen que el lawfare también se usa en Venezuela, pero hasta ahora no se logró la caída de Maduro.
La generalización en la que incurre Francisco no es compatible con la verdad. La realidad latinoamericana es muy compleja, diversa y multidimensional. No podemos meter en la misma bolsa de “movimientos emergentes” a los trabajadores sindicalizados de Lula, a los ladrones kirchneristas presos, a los cocaleros bolivianos, a los revoltosos indígenas ecuatorianos ni a las bandas de civiles armados de Venezuela.
Los grandes medios de comunicación tampoco son iguales en cuanto a su orientación política o sus intereses económicos específicos. Por poner solo un ejemplo local: los tres grupos multimedios más grandes del país (encabezados por Abc, Última Hora y La Nación, respectivamente) no tienen líneas políticas comunes, no responden a los mismos intereses económicos ni ejercen presión indebida sobre la justicia en una misma dirección. Esta diversidad de medios constituye uno de los pilares del sistema republicano.
La democracia nunca será una realidad plena si no existe libertad de expresión. Los grupos multimedia constituyen un necesario contrapeso ante los posibles excesos y abusos de poder de la clase política o las arbitrariedades del sistema judicial.
Es una humilde opinión, a sabiendas de que, sobre el tema, hay otras miradas posibles.