La inclusión de personas con capacidades diferentes se ha implementado en colegios y escuelas regulares desde el 2013. La Ley de Educación Inclusiva garantiza, a través del MEC, una enseñanza con igualdad de oportunidades para todos los chicos que presenten alguna discapacidad, ya sea con síndromes de cualquier tipo o con autismo; así también, trastornos del aprendizaje como dislexia y discalculia.
Saber que el ente encargado de regular la educación en nuestro país se está esforzando por incluir a aquellos individuos puede ser un alivio principalmente para los niños y adolescentes afectados y sus padres. No obstante, estos avances legales y normativos por parte de las autoridades no son suficientes, pues los chicos y profesores se encuentran sin ninguna ayuda por parte del Estado una vez que están dentro de las aulas.
La principal dificultad se presenta a los educadores, ante la falta de herramientas para desarrollar sus clases. Los alumnos con discapacidades visuales o de audición son los más afectados, ya que muchas veces los docentes no cuentan con instrucción adecuada en lenguaje de señas o capacitación en braille.
Los profesores de escuelas públicas se encuentran con varios estudiantes que necesitan ayuda pedagógica y tienen que hacer planes semanales para cada uno de los alumnos, buscando la adaptación conveniente de acuerdo a los chicos y, por sobre todo, intentando la integración de los mismos con los demás compañeros de clase. No solo carecen de los materiales para desarrollar sus asignaturas sino que tampoco cuentan con la infraestructura adecuada a las necesidades de los niños y jóvenes con capacidades diferentes.
Hace un par de meses, salió a la luz el caso de un joven con síndrome de Asperger a quien se le negó la matriculación en un colegio privado subvencionado de Luque. Lastimosamente, muchas comunidades educativas prefieren abonar la multa que capacitar a sus funcionarios y adecuar sus instalaciones de acuerdo a las necesidades de los chicos con discapacidad.
Promulgar una ley como la de educación inclusiva no tiene sentido si es que no existe un seguimiento estricto por parte del Estado y menos aún si es que se abandonará a los alumnos a su suerte una vez dentro de las casas de estudios.
Es momento de empezar a exigir los derechos de nuestros compañeros y amigos en sillas de ruedas, los que tienen discapacidades auditivas y visuales, también de aquellos con autismo y síndromes diferentes. Todos merecemos una educación de calidad, materiales necesarios para poder alcanzarla y docentes capacitados con quienes trabajar.
Por Fiona Aquino (18 años)