Los agentes policiales afectados son la oficial ayudante Eveling Jazmín Núñez y el suboficial ayudante Cemión Arce Mendoza, quienes prestan servicios en la comisaría 3° de Asunción.
El fiscal Osmar Legal imputó a ambos uniformados por los hechos punibles cohecho pasivo agravado y privación de libertad en calidad de coautores, en el caso de supuesta extorsión que habría resultado víctima Johana Rivero Sanabria. Esta última era empleada de la firma “A.M.P. S.A. Club Condesa”, que contaba con una orden de captura pendiente, después de que el administrador de la citada empresa, Arnaldo Ramos, lo denunciara por hurto el 5 de diciembre de 2022.
Zunilda Landaida, quien es abogada y madre de la oficial Eveling Jazmín Núñez, sostuvo a ABC Color que la denuncia contra el fiscal Legal es por falsa denuncia y falsa información a la prensa de carácter objetivo, por falta de odjetividad.
“Primero le recusé porque varias veces me constituí a la Fiscalía para presentar diligencias en donde puedo probar que la persona que dice ser víctima contaba con cuatro órdenes de captura en diferentes Juzgado y una rebeldía, más un oficio de detención por el fiscal Víctor Maldonado de Mariano Roque Alonso”, explicó Landaida.
La detención e imputación de los efectivos policiales ocurrió el 6 de diciembre, luego de que arrestaran Rivero Sanabria y ellas les denunciaran por supuesta extorsión y privación ilegítima de libertad.
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“Ella tiene órdenes de detención en 2016 y 2018 y a causa de su detención, mi hija y su compañero fueron acusados de privación ilegítima de libertad, mientras que esta persona cuenta con orden de detención”, sostuvo la abogada.
Denuncia ante el JEM
El 18 de enero, la abogada Zunilda Landaida denunció al fiscal Osmar Legal ante el Jurado de Enjuiciamiento (JEM) y sostuvo que en este caso las figuras de privación ilegítima de libertad y cohecho pasivo agravado no existen.
“Primero planteé el recurso de recusación contra él y de inmediato me atendieron, después de la audiencia de revisión a lo que (Legal) se opuso. Los agentes afectados siguen detenidos hasta el día de hoy”, explicó Landaida.
“Estos delitos no existen ya que ellos solamente hicieron su trabajo, cumpliendo con el Art. 12 y el Art. 239 inciso 3, donde dice que el personal policial que detiene a una persona, tiene seis horas para denunciar al Juzgado competente”, aseveró la abogada.