Fiscalía pide entre 24 y 34 años de cárcel para supuestos miembros del clan Rotela

En el juicio oral y público a los supuestos miembros del clan Rotela, los agentes fiscales María Irene Álvarez, Joel Cazal y Alejandro Cardozo Pereira, presentaron este miércoles sus alegatos finales y solicitaron la aplicación de penas privativas de libertad que van desde los 24 años a los 34 años para siete acusados por homicidio doloso de una niña de 8 años y su tía de 24 años.

Así la Fiscalía pidió 29 años de cárcel más otros 5 años de medidas de seguridad para Oscar Ariel Cabello Azcona, mientras que para Alcides Galeano Torales solicitó 29 años, y la pena de 27 años más otros 5 años de medidas de seguridad para Carlos Junior Villagra Alegre.

Por otra parte, para Francisco Gabriel Estigarribia Echeverría se peticionó 28 años de prisión, más 5 años de medida de seguridad, y para los demás procesados, Cristian Antonio Alegre Cárdenas y Rubén Santiago Rivas Azcona solicitó 25 años de prisión, y 24 años de encierro para Oscar Matías Sosa Zaracho.

El Tribunal Colegiado de Sentencia encargado de juzgar a los presuntos miembros del clan Rotela, está presidido por el juez David Federico Rojas e integrado por Víctor Manuel Medina y Olga Ruíz. Este señaló la continuidad del debate público para mañana a las 08:00 con la presentación de alegatos de las distintas defensas.

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Clan Rotela: más condenados y pedido de sanción a defensores

Como antecedente de este caso, la fiscala de la Unidad Especializada en Antisecuestro, María Irene Álvarez informó a ABC que hay tres adolescentes que fueron condenados ya a 4 años y 6 meses de privación de libertad.

En relación a estos, la fiscala señaló que se probó en juicio su participación en calidad de cómplice. Las sentencias de los mismos quedaron firmes en Cámara de Apelación.

Por su parte, el fiscal Alejandro Cardozo dijo “pedí la sanción para los abogados de las defensas, por múltiples recusaciones, ya que recusaron a diez fiscales que ni tenían intervención en la causa. También le recusaron al Tribunal”.

Además, Cardozo también solicitó medidas disciplinarias para los abogados patrocinantes recusantes y la elevación de los antecedentes a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para que se dé apertura a un sumario contra los mismos.

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El agente fiscal Alejandro Cardozo manifestó que este hecho se registró el 23 de febrero de 2019, en la zona de 44 Proyectadas, en el Bañado Sur de Asunción. El caso tuvo su origen en un conflicto entre dos familias, los Santander y los Galeano, y dentro de esta relación los primeros respondían a los segundos, como miembros del clan Rotela.

Durante el juicio oral “se pudo probar que Pablo Santander trabajaba para los hermanos Galeano -Alcides y Arcenio- en la venta de drogas, pero el conflicto inició cuando Pablo dejó de rendirles recaudación”, explicó el agente del Ministerio Público.

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Supuestos miembros del clan Rotela buscaban ajustar cuentas

Es así que tanto Alcides, enjuiciado, como su hermano Arcenio Galeano, quien fue declarado en rebeldía, recibieron el mandato de asesinar “a cualquier costo” a Pablo Santander, por lo que fueron junto con los demás procesados a balear la casa de la familia Santander.

En el ataque contra la familia, resultó víctima fatal la niña de 8 años Andrea Mereles Santander, que acusó tres escopetazos en el cuerpo. Su tía, Patricia Mabel Ríos Iriarte (24), falleció tres días después del atentado como consecuencia de las heridas de bala que recibió. Esta, según declaración en juicio de los testigos, estaba embarazada de tres meses.

De esa balacera también resultaron víctimas otros miembros de la familia que sobrevivieron, así como tres vecinos de la misma entre los que se encontraba una menor de edad.

Tras el ataque, investigadores allanaron la casa de uno de los hermanos Galeano de donde incautaron varias dosis de droga.