La defensa técnica de la procesada en la causa que investiga el homicidio de Marcelo Pecci en carácter de coautora, Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, requirió el aplazamiento de la audiencia de postulación probatoria, por lo que la jueza competente decidió otorgar un plazo para la preparación de la defensa.
Sin embargo, la magistrada advirtió, a pedido de la Fiscalía de Colombia, con realizar el juicio disciplinario e imponer la intervención de la Defensoría Nacional Pública ante actuaciones dilatorias. En torno al caso, fijó el 25 de julio del 2023 como fecha para la realización de la audiencia.
La Fiscalía de Colombia se pronunció considerando el pedido como temerario, atendiendo a que fue hecho sin consulta a las partes ni aviso previo, así como tampoco se tuvo en cuenta que la convocatoria judicial a la audiencia preparatoria contó con la conformidad de todas las partes procesales, para poder avanzar en la tarea de decretar qué pruebas tendría la entidad de ser relevantes para el juicio.
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Los fiscales Mario Burgos y Fredy Buitrago, consideraron que la Defensa Técnica faltó al deber de lealtad con maniobras dilatorias sin sustento, obrando con manifiesta temeridad y mala fe, al tiempo de solicitar compulsas disciplinarias por respeto a la dignidad de la magistrada, de las víctimas y al derecho de todos a conocer la verdad en el caso, e igualmente, pidieron que se dispongan las advertencias disciplinarias a la defensa técnica, para evitar la repetición de circunstancias similares.
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Viuda de Pecci se negó a participar de manera presencial de juicio
En la oportunidad, Claudia Aguilera, viuda de Marcelo Pecci, manifestó su protesta por la decisión de la Corte Constitucional colombiana de establecer el desarrollo presencial de las audiencias de este juicio, advirtiendo que esa decisión trasgrede sus derechos como víctima, madre y mujer, no solo por los costos significativos que acarrearían los desplazamientos desde Paraguay a Colombia para ejercer el rol de víctima, sino porque además reactivaría los eventos traumáticos que significaron presenciar el asesinato de su esposo Marcelo Pecci Albertini en la Isla de Barú, afectando al tiempo, tanto su recuperación, como los derechos a la verdad, la justicia, y la reparación.
Asimismo, enfatizó la necesidad de preservar la seguridad de los testigos en escenarios procesales presenciales, que aumentan significativamente los niveles de riesgo de quienes pretenden colaboran con la justicia.
Al finalizar su intervención, rogó el apoyo de los organismos internacionales de derechos humanos para que intervengan en la no afectación de sus legítimos derechos.
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Por su parte, Francisco Pecci Albertini, se adhirió a las palabras de Claudia Aguilera y destacó que los medios telemáticos permitieron seguir el juicio en todo tiempo y que una decisión contraria a la virtualidad les generaría angustias, además de vedar los derechos de las víctimas de participar en el juicio.