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Cárcel por tráfico de armas para tres imputados en la operación Andina

Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Estela Colmán Otazú, dueña de la empresa Carros Vía Chile SA; Pablo César Colmán Benítez, representante de la misma firma, e Isabelino Jiménez, supuesto dueño de la empresa Caza y Pesca Santa Rosa de Lima.
Estela Colmán Otazú, dueña de la empresa Carros Vía Chile SA; Pablo César Colmán Benítez, representante de la misma firma, e Isabelino Jiménez, supuesto dueño de la empresa Caza y Pesca Santa Rosa de Lima.

Los tres primeros capturados e imputados por la operación Andina fueron remitidos a la cárcel. Formarían parte de una organización de tráfico internacional de armas de fuego.

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Los encarcelados en el marco de la operación Andina son Estela Colmán Otazú, de 51 años, dueña de la empresa Carros Vía Chile SA, quien fue a la cárcel del Buen Pastor; Pablo César Colmán Benítez, de 53 años, representante de la misma firma, quien fue a la penitenciaría de Tacumbú, e Isabelino Jiménez, de 62 años, quien pese a que trabaja como cuidacoches figura como dueño de la empresa Caza y Pesca Santa Rosa de Lima. Este también fue a Tacumbú.

El fiscal de Crimen Organizado, Carlos Alejandro Cardozo Pereira, imputó a Estela y Pablo por tráfico ilícito de armas y producción de documentos no auténticos, en tanto que procesó a Isabelino por tráfico ilícito de armas.

Los tres fueron detenidos el miércoles último por policías del Departamento Contra el Crimen Organizado (DCCO) en operaciones que se desarrollaron en Fernando de la Mora y Asunción en el marco de la operación Andina.

Investigación iniciada por la Policía Federal

Esta es una investigación que se inició cuando la Policía Federal (PF) de Brasil comunicó a las autoridades de nuestro país que habían incautado últimamente en su territorio varias armas de fuego nuevas, como fusiles, pistolas y escopetas, que aparentemente fueron introducidas de contrabando desde nuestro país.

Efectivamente, con la colaboración de militares de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), se descubrió que dichas armas fueron importadas de Turquía a Paraguay por las empresas representadas por los ahora encarcelados.

Aparentemente, estas empresas importadoras falsificaron documentos para simular la venta de las armas supuestamente a clientes paraguayos, de modo a justificar su venta en el mercado negro brasileño.

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