En el marco del mismo operativo encabezado por las fiscalas Yrides Ávila y Lourdes Bobadilla, los agentes también allanaron el Juzgado de Paz de la ciudad de Benjamín Aceval, oficina judicial que la estructura utilizaba para concretar las estafas, a través de las órdenes de secuestro o recuperación de vehículos que les firmaba el juez de paz Roberto Ferreira.

De acuerdo con el relato del subcomisario Molinas, esta operación se inició con la denuncia presentada en su oficina por cinco personas. Las víctimas aseguraron haber adquirido vehículos en cuotas de la playa de ventas Mathías Automotores, pero luego de haber abonado los primeros meses, los propios empleados de la concesionaria no se hacían encontrar para que los mismos puedan a abonar el pago, generando así un mínimo retraso de un mes.

Esto era usado como argumento por el empresario para realizar una demanda en el juzgado de paz de Benjamín Aceval, para recuperar el vehículo, y el proceso se concretaba en apenas dos días, sin que los afectados sean informados de que habían sido denunciados.

Según el subcomisario Molinas, hasta el momento unas 15 personas que fueron víctimas de esta estructura presentaron denuncia ante el Ministerio Público y casualmente todas las demandas contra las víctimas fueron promovidas por el abogado Jorge Fleitas, quien también era el representante legal de otra playa de vehículo, ubicada en Ñemby, que se sospecha operaba de la misma forma.

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En el marco de las pesquisas se allanaron las tres sucursales de Mathías Automotores, el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval y la casa del empresario Porfirio Giménez, de todos estos lugares se levantaron importantes evidencias e innumerables documentaciones, señalaron.