El Ministerio Público dio a conocer que la agente fiscala Laura Romero imputó a Zenón Burgos (48 años) y Mariano Burgos (51 años) por la supuesta comisión del hecho punible de exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. Son los propietarios de una fábrica dedicada al procesamiento de láminas y terciadas denominada “Kororo’i”, ubicada en Santa Rosal del Aguaray, donde explotó una caldera la semana pasada.

El Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas cautelares como la obligación de presentarse mensualmente ante el juzgado, la prohibición de salida del país y otras que “resulten pertinentes para asegurar la sujeción de los imputados al proceso penal”.

Este hecho ocasionó la muerte de un joven identificado como Julio César Cáceres Aguilera (28 años). Otros dos hombres resultaron con heridas de consideración.

Qué dice la imputación

El acta de imputación de la agente Romero señala que los procesados debían prever y garantizar las medidas de seguridad necesarias para el funcionamiento de la laminadora, considerando el tipo de actividad desarrollada en el lugar. Esta omisión habría puesto en riesgo la integridad de los trabajadores y vulnerado sus derechos laborales.

Tras la explosión, que quedó registrada en un video, una comitiva fiscal y policial se constituyó en el lugar para iniciar las diligencias investigativas. Al día siguiente, funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), provenientes de Asunción, realizaron un relevamiento de datos laborales en la planta siniestrada.