El fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Andrés Arriola, solicitó decretar la rebeldía y que se dicte la captura nacional e internacional del imputado en el marco de la operación Cross, Wilson Ramón Rodríguez Aquino, un presunto narco piloto e integrante de una estructura criminal que operaba hasta febrero de 2025 en Cerrito, Ñeembucú.
Ante tal pedido, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Lici Teresita Sánchez, ordenó la captura nacional e internacional de Rodríguez Aquino, a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 274. Teniendo en cuenta que el mismo es oriundo de Pedro Juan Caballero (Amambay), se sospecha pudo haber cruzado al territorio brasileño, en atención a que se encuentra con paradero desconocido desde el 15 de abril de 2025, cuando Arriola solicitó su detención.
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El fiscal Arriola había señalado en su petitorio que Wilson Rodríguez cuenta con orden de detención, mediante la Resolución N° 15 del 15 de abril del 2025. Además, teniendo en cuenta que según los datos de su prontuario, su domicilio sería en Pedro Juan Caballero, esto constituye un área de alta permeabilidad territorial, donde es posible el cruce informal y no controlado de personas y bienes a través de pasos clandestinos o puntos de baja vigilancia.
Según consideró el agente del Ministerio Público, el factor geográfico, por su propia naturaleza, conforma un riesgo real y permanente de fuga trasnacional, dificultando no solo la localización del imputado, sino también cualquier eventual ejecución de orden judicial.
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Imputación a supuesto narcopiloto
De acuerdo con la imputación N° 15/25, a Wilson Rodríguez se le atribuye la comisión de los hechos punibles de tráfico internacional y tenencia sin autorización de drogas, penalizados en los artículos 26 y 27 de la Ley N° 1340/88, además de asociación criminal (art. 42) y la comercialización de sustancias estupefacientes (art. 44).
Para la Fiscalía, Rodríguez es parte de un grupo criminal jerárquicamente organizado, cuyos integrantes coordinarían la compra de cocaína, proveniente de las zonas de producción, que serían transportadas vía aérea a establecimientos rurales del departamento de Ñeembucú.
Se presume que el grupo habría proporcionado pistas de aterrizajes no habilitadas y las acondicionaba para el tráfico de droga. En ese contexto, proveía de coordenadas geográficas para la geolocalización y también combustible para el reabastecimiento de los aviones que ingresaban a Paraguay cargados con las sustancias provenientes de Bolivia o Perú.
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Igualmente, la estructura proporcionaba lugares transitorios para el resguardo y otros enseres necesarios, a fin de que luego puedan continuar con su ruta hacia Uruguay o Argentina.
A Wilson Rodríguez, concretamente, se le atribuye que el 17 de diciembre de 2024, introdujo al territorio nacional 456,700 kilogramos de cocaína, en un avión Cessna, blanco, pintado en la parte inferior de color azul marino y detalles de franjas colores rojo y gris, sin matrícula visible, procedente de Bolivia. Esto se apoya en el contenido de comunicaciones telefónicas que fueron interceptadas bajo autorización judicial.
Según datos obtenidos por la Fiscalía, la aeronave entró a territorio paraguayo y aterrizó en el Aeródromo Municipal de Cerrito (Ñeembucú). En esa operación participaron los imputados el 5 de enero de 2025, Evelio Salinas, Ramón Salinas, Héctor Salinas y Pedro Lobos López.
En tanto que las sustancias habrían sido resguardadas por los mismos y luego trasportadas vía terrestre por Fernando Florentín, Aníbal Almada, Édgar Lambaré, Alexis Centurión, Alfredo Centurión y Reinaldo Ramón Aquino, también imputados el año pasado.
La droga habría sido escondida en una camioneta Kia, cabina simple, blanca, con placa AAFF 083, que tenía un doble fondo en la carrocería, que fue llevada a un punto fronterizo del país, para su posterior distribución en el extranjero.
Estructura tenía la colaboración policial
En la operación Cross, llevada a cabo en febrero de 2025, con varios allanamientos en Cerrito encabezados por los fiscales Ingrid Cubilla, Pamela Pérez y Christian Ortiz, fueron detenidos varios supuestos miembros de la estructura narcotraficante que operaba en esta zona.
El juez Osmar Legal había decretado la prisión de los mismos. Se trata de Filomeno Sanabria López (65), Eusebio Blanco Blanco (55) y Pedro Alcántara Lobos López (42), el suboficial mayor de la comisaría 16ª de Cerrito, Lucas Vera Bordón (42), Evelio Leodegar Salinas Bogado (54), Estela Sanabria Villalba (43) y el oficial primero Lucas Gabriel Riveros Coronel. La otra encausada, Mariels Salinas, obtuvo el arresto domiciliario.
En aquella ocasión se había pedido la captura también de Christian Fornerón, Héctor Darío Salinas y Ramón Salinas.
De acuerdo con datos del Ministerio Público, entre los detenidos, buscados y los policías citados, habrían operado como integrantes de una estructura narcotraficante, organizada jerárquicamente. Los involucrados adquirían supuestamente la cocaína de Bolivia y la introducían a zonas rurales de Ñeembucú para su acopio y enviar a su destino final: Argentina o Uruguay.
En cuanto a los policías Lucas Riveros y Lucas Vera, en la imputación fiscal se les atribuye haber brindado supuestamente cobertura y apoyo policial, además de participar en la logística, con el fin de que estos operen con mayor facilidad, eludiendo controles, protegiendo sus rutas y métodos de transporte.