Los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Elena Fiore Franco solicitaron el 4 de abril del año pasado la desestimación de la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito en contra de Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), solicitud que hoy el juez penal de Garantías en Delitos Económicos y Anticorrupción, Rodrigo Estigarribia, admitió.
De acuerdo al requerimiento fiscal, el pedido está fundamentado en el análisis de los informes provistos por las diferentes entidades financieras, las ocho declaraciones juradas de Arnaldo Giuzzio y el informe del examen de correspondencia realizado por la Contraloría General de la República (CGR). Giuzzio ocupó cargos públicos desde el 2003 hasta el 2022.
“Se requirió a la Contraloría General de la República (CGR) un examen de correspondencia de todas las DJBR presentadas desde el ingreso del sospechado a la función pública, desde el año 2003 hasta el año 2022, con el fin de corroborar o descartar los hechos denunciados, la cual arrojó como conclusión una correspondencia de bienes del citado exfuncionario público”, indicaron los fiscales en el resumen de las diligencias realizadas, remitido al juez.
De acuerdo a la resolución del juez, no se advierte desproporción objetiva que permita sostener, siquiera en grado de sospecha suficiente, la existencia de un incremento patrimonial injustificado del exministro del Interior.
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Otro proceso contra Giuzzio
Por otra parte, el exministro del Interior enfrenta un juicio oral y público por supuesto cohecho pasivo agravado que se reinició el 18 de febrero de este año, con la presentación de los incidentes.
La audiencia se realizó ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Adriana Planás e integrado por Matías Garcete y Yolanda Morel.
Este proceso se inició en marzo de 2025, pero ambas magistradas fueron recusadas por la defensa, lo cual obligó la suspensión del juicio y a la fecha, su inicio desde foja cero, por haber superado el plazo máximo de 10 días de paralización.
La acusación está a cargo de la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea) Verónica Valdez, quien solicitó la inclusión probatoria de distintas pruebas, las principales de ellas, dos celulares pertenecientes al supuesto narcotraficante Lindomar Reges Furtado, incautados en el marco de la causa abierta a partir de la Operación Turf y la extracción de datos correspondiente.
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Idéntica petición realizó la representante del Ministerio Público para la inclusión del celular de Carla Guimaraes, quien habría ayudado en la fuga del extranjero del Paraná Country Club de Hernandarias durante un allanamiento realizado en el marco de la Operación Turf, el 15 de febrero de 2022.
La defensa de Giuzzio, a cargo de la también exfiscala Gilvi Quiñónez, se opuso a la inclusión de las pruebas mencionadas por considerar que no guardan relación alguna con el caso.
Giuzzio dijo que las pruebas que ahora pide incluir la Fiscalía fueron ocultadas durante siete meses y que él se enteró de su existencia luego de que un medio de comunicación publicara el extracto de supuestas conversaciones.