El informe recalca que el Estado paraguayo continúa utilizando el manual sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego y el manual de obligaciones y guía de procedimientos policiales.
Las instrucciones y capacitaciones para el uso de la fuerza y de las armas, fueron impartidas a los agentes del orden con apoyo de miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja y con el acompañamiento de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Esta Dirección del Ministerio del Interior también acompañó procedimientos de desahucio que involucran a grupos vulnerables, pueblos originarios, como también los denominados sin techos en zonas urbanas y sin tierra en el interior del país, dice el informe.

A su vez, dice la CIDH, la Corte Suprema de Justicia emitió una decisión que mantuvo la condena del exfiscal antidrogas Hugop Volpe, en el caso “Minotauro” y avances en la captura y condena de integrantes de organizaciones criminales, incluido un líder del Clan Rotela y exautoridades penitenciarias vinculadas al tráfico de drogas.
Lea más: Periodistas de Paraguay denuncian más de cien casos de agresiones a libertad de expresión
Sin embargo, los niveles de violencia e impunidad se mantienen elevados, en un contexto de denuncias de corrupción estatal. Persisten redes de tráfico de armas, así como asesinatos y ataques contra periodistas, especialmente en zonas fronterizas con el Brasil, donde las organizaciones criminales mantienen el poder.
El domingo se cumplen 35 años del asesinato de Santiago Leguizamón en Pedro Juan Caballero. El periodista era director de Radio Mburucuyá y corresponsal del diario Noticias.
El comunicador destapó el accionar de la mafia fronteriza, hecho que le costó la vida y que hasta ahora sigue impune.
Los clanes criminales e infiltracion en fiscalía
Diversos informes manejados por la CIDH señalan la presencia de las facciones criminales como el Primer Comando da Capital (PCC) y Clan Rotela tienen un impacto directo en el aumento de la inseguridad en el que se desenvuelve gran parte de la ciudadanía y también la corrupción de las autoridades penitenciarias.
Por otra parte, la CIDH confirma que investigaciones periodísticas expusieron la infiltración de redes del narcotráfico en la Fiscalía y en el ámbito político y que gracias a las manipulación las pesquisas contra estos grupos criminales no avanzan y que sigan operando con total impunidad.
