La imputación por estafa, estafa mediante sistemas informáticos, producción de documentos no auténticos, cobro indebido de honorarios y usurpación de funciones públicas fue presentada hoy jueves por el fiscal de Mariano Roque Alonso, Itálico Adriano Rienzi González, quien en el acta incluso invoca el artículo 70 del Código Penal, que establece la medición de la pena en caso de varias lesiones de la ley.
El proceso penal afecta al abogado Edgardo Ismael Ayala Ojeda, de 42 años, quien de hecho ya contaba con un antecedente por hecho punible contra la prueba documental y otro por producción de documentos no auténticos, así como por abuso de documento de identidad y también por estafa.
En estas causas tiene incluso restricciones como prohibición de salida del país y de consumir bebidas alcohólicas.
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El abogado fue detenido el ayer de tarde en su casa de la compañía Cañada San Rafael de Luque, en una operación de entrega vigilada de dinero efectuada por policías de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros (DCHPEF).
Caso de violencia doméstica
Los uniformados actuaron en acompañamiento al fiscal de Mariano Roque Alonso, Itálico Rienzi, quien recibió en su unidad una denuncia del juez de Paz del mismo municipio, Fidelino Cáceres, y de una vecina de la misma zona, Shyrley Rossana Cabrera Daspet.
Según los datos, el abogado Edgardo Ismael Ayala Ojeda fue contratado por Shyrley Rossana Cabrera Daspet para tramitar una causa por violencia doméstica contra uno de sus hermanos, que estaba abierta en el Juzgado de Paz de Fidelino Cáceres.
Sin siquiera acompañar a su cliente al despacho del juez de Paz, el abogado ahora imputado aparentemente le cobró y luego le entregó a su contratante un supuesto oficio firmado por el magistrado, en el que se declaraba la extinción de la causa.
Sin embargo, esa resolución judicial resultó ser falsa, ya que el propio juez dijo que se falsificó su firma. Hasta el membrete del supuesto documento era apócrifo.
Habria otras causas similares
Lo peor es que el abogado habría intervenido en varias otras causas tramitadas en Mariano Roque Alonso, Luque y Limpio, por lo que ahora todos esos procesos deben ser auditados.
El juez de Luque, Nelson Ramón Romero Rodríguez, debe decidir ahora si envía a la cárcel al abogado, como propone la Fiscalía, o si le concede medidas menos gravosas, como arresto domiciliario o libertad ambulatoria.