El megarrobo se produjo entre el 3, 4 y 5 de febrero de 2024, cuando una banda de “topos” accedió a la bóveda de la Asociación de Trabajadores Cambistas (ATC), que queda en el paseo central entre la Ruta PY02 y la avenida paralela Monseñor Rodríguez, entre las rotondas Oasis y Reloj, a 500 metros del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este, la capital del departamento de Alto Paraná.
Los delincuentes llegaron a la bóveda a través de un túnel de 130 metros cavado desde un salón en el que funcionaba una tienda de deportes, en la calle Camilo Recalde, al lado mismo del portón de la entrada trasera de la ANDE.
Oficialmente, los delincuentes robaron solo G. 4.750 millones, pero extraoficialmente los propios cambistas dijeron que en el lugar había unos US$ 30 millones. Solo que la mayor parte de ese caudal era dinero “en negro”, por lo que sus dueños no podrían justificar el origen de la plata.
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Los primeros identificados por el caso fueron el arrendatario del salón donde empezaba el túnel, Fabio Dornaldo De Moraes Schultz, brasileño, en ese momento de 42 años de edad, alias Gordinho, quien fue capturado el 15 de febrero de 2024 en el municipio de Capitán Bado, departamento de Amambay, y su secretario Fabricio Jonathan Álvarez Ayala, paraguayo, de 25 años, alias Rubio, quien permanece prófugo hasta ahora.
Gordinho fue extraditado a Brasil meses después de su captura, para afrontar cargos por narcotráfico y homicidio, ya que la expectativa de pena en su país era superior a que en Paraguay.
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El supuesto organizador del atraco, en tanto, es el hasta ahora fugitivo Mario Pucheta Martínez, paraguayo, de 55 años en aquella época, quien tiene otras dos identidades de nuestro país, Juan Pucheta Martínez y Jorge Fretes, así como también registra dos nombres brasileños que lo identifican como Mario Pucheta y João Pucheta Martins.
Policía delatado por mecánico
El 4 de mayo de 2024, tres meses después del golpe, fue detenido el suboficial primero de la Policía Nacional Fernando Llamas Ríos, en ese momento de 29 años, quien trabajaba en la División de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, dependiente de la Dirección de Policía de Alto Paraná.
Resulta que el policía fue delatado por su propio mecánico, Gustavo Ariel Brandell Lesme, de 33 años en esa época, quien ante el temor de que los investigadores llegaran a él se presentó y contó que el policía Fernando Llamas Ríos le había pedido al día siguiente del robo a los cambistas que desmantelara un furgón Citroën Jumpy blanco, año 2020.
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El mecánico dijo que se negó a hacer el trabajo, porque le pareció muy sospechoso, y que después ya vio por la televisión que el mismo vehículo apareció quemado en Minga Guazú.
Cuando eso, el policía Fernando Llamas Ríos usaba una camioneta Toyota Hilux negra, probablemente mau, que también escondió en el taller de su mecánico mientras era allanada su casa.
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La Hilux habría sido el mismo vehículo que fue grabado escoltando al furgón Citroën Jumpy blanco antes de que este último rodado fuera incendiado.
Ante todos estos elementos, el fiscal de Ciudad del Este, Orlando David Quintana Maldonado, había imputado al policía por asociación criminal y frustración de la persecución y ejecución penal.
El uniformado, de hecho, pasó un breve periodo preso en la Agrupación Especializada de Asunción, pero luego salió con arresto domiciliario, medida que la sigue cumpliendo hasta ahora.
El jueves último, 30 de julio de 2026, el policía Fernando Llamas Ríos fue condenado a 2 años y 3 meses de cárcel, que es exactamente el mismo periodo de tiempo que ya pasó sujeto a medidas cautelares (prisión preventiva y arresto domiciliario).
Es decir, el policía ya no tendrá que ir a prisión, porque técnicamente ya tiene compurgada su sentencia de primera instancia.
El Tribunal de Sentencia que aplicó el endeble castigo estuvo integrado por Milciades Ovelar Escobar, Cinthia María Garcete Urunaga y Jorgelina Melgarejo Vera.
Para favorecer el uniformado, los jueces excluyeron la figura de asociación criminal y lo condenaron solo por frustración de la persecución y ejecución penal.
Si la Policía Nacional no impulsa la expulsión del ahora condenado suboficial primero Fernando Llamas Ríos, este incluso deberá ser reincorporado inmediatamente al servicio activo, con todas las prerrogativas, es decir, que incluso ya podrá usar un arma de fuego en las calles.