Los trabajadores remitieron una nota al defensor general del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), Javier de Jesús Esquivel González, para solicitar su intervención y el traslado de la defensora pública asignada a la región, Lizza Mabel Alonzo de Escobar.
Según la denuncia presentada por los propios funcionarios, que solicitaron mantener sus identidades en reserva, la defensora pública supuestamente incurre en constantes situaciones de maltrato hacia sus subordinados. Entre los hechos mencionados, señalaron que habría utilizado expresiones discriminatorias contra funcionarias que padecen enfermedades crónicas, a quienes supuestamente trató de “gordas”.
Asimismo, denunciaron un supuesto episodio de discriminación racial contra un chofer de la institución, a quien presuntamente habría tratado de “negro” y posteriormente rechazado para que continuara acompañándola durante las salidas y diligencias profesionales que debe realizar en el ejercicio de sus funciones.
Los denunciantes sostienen que estas situaciones generaron un profundo malestar entre los trabajadores y terminaron agravando el ambiente laboral dentro de la sede regional de la Defensoría Pública de Coronel Oviedo.
Ante esta situación, los funcionarios resolvieron remitir una nota formal al defensor general de la institución, Javier de Jesús Esquivel González, a fin de ponerlo al tanto de los hechos denunciados y solicitar que se adopten medidas para solucionar el conflicto interno.
Piden que retorne a la sede de Santa Rosa del Aguaray
Entre los principales pedidos de los funcionarios figura el traslado de Lizza Alonzo nuevamente a la sede de la Defensoría Pública de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, donde tendría su rubro presupuestario como defensora pública.
La funcionaria actualmente se encuentra comisionada en Coronel Oviedo, por lo que los trabajadores consideran que su retorno a la dependencia de origen permitiría destrabar el conflicto y restablecer un ambiente laboral adecuado.
Los funcionarios esperan que las autoridades de la Defensoría Pública tomen intervención y realicen las verificaciones correspondientes sobre las denuncias presentadas.
La funcionaria representó a Armando Silva, esposo de Karen Villar y padre del principal sospechoso del feminicidio de María Fernanda Benítez, crimen que conmocionó a la sociedad paraguaya por su crueldad.
Intentamos escuchar la versión de la defensora pública Lizza Alonzo, pero no respondió nuestras llamadas ni los mensajes enviados vía WhatsApp a su línea telefónica con terminación 354. Estamos abiertos a recibir su versión en caso de que desee referirse a la denuncia.