Cámara Alta acepta veto del Ejecutivo a la “ley Petropar”

El Senado aprobó ayer el veto parcial del Ejecutivo a la ley que planteaba excluir las compras de combustible de Petropar del cumplimiento de la ley de contrataciones públicas. También sancionó la parte no objetada de la ley.

Oscar Salomón (ANR- oficialista), presidente del Senado que hoy aceptó el veto parcial del Ejecutivo a la “ley Petropar”.
Oscar Salomón (ANR- oficialista), presidente del Senado que hoy aceptó el veto parcial del Ejecutivo a la “ley Petropar”.Gustavo Machado

Con la aceptación del veto del Poder Ejecutivo y la sanción de la parte no objetada, se habilitará a Petropar a negociar sin intermediarios la compra de combustibles a firmas extranjeras.

Resta ahora que la Cámara de Diputados también proceda de la misma manera para que el Ejecutivo promulgue la ley y entre en vigencia.

El veto del Ejecutivo se refiere específicamente al párrafo que habla de la exclusión de las proveedoras de combustible extranjeras de la obligación de cumplir con las disposiciones de la ley de contrataciones públicas del Estado. Al mismo tiempo, mantiene la disposición de que no sea obligatorio para estas mismas empresas realizar su declaración jurada de bienes y rentas, que era uno de los puntos que hacen imposible actualmente para Petropar negociar directamente las compras de combustible y le obligaba a recurrir a intermediarios.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación y de Industria y Comercio dictaminaron en forma coincidente por la aceptación del veto.

Hasta la semana pasada, algunos parlamentarios tenían reparos respecto a la aprobación de la parte no vetada, por los cuestionamientos al presidente de Petropar, Denis Lichi. El funcionario concurrió el pasado lunes ante la mesa directiva, encabezada por el presidente Óscar Salomón y los líderes de bancada del Senado, para responder a consultas, lo cual finalmente habría despejado algunas dudas.

Inicialmente, el proyecto de ley presentado en la Cámara de Senadores solo hablaba de exceptuar a las empresas de la obligación de presentar las declaraciones juradas.

Esta disposición contaba con el apoyo de gremios de camioneros y gran parte de la población, debido a que, con la eliminación de intermediarios, eventualmente se podrían conseguir mejores precios para el combustible.

Sin embargo, “por el camino” se incluyó en el proyecto ley la posibilidad de que se exonere a la petrolera estatal del cumplimiento de las disposiciones la Ley 2051/03, de Contrataciones Públicas del Estado, punto muy cuestionado por parlamentarios y por Pablo Seitz, titular de DNCP.

En principio, no se esperan mayores cuestionamientos en la Cámara de Diputados al veto del Poder Ejecutivo y la expectativa es que el mismo sea aceptado en un plazo máximo de 15 días.

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