“En un año ustedes (cartistas) pierden las elecciones y no van a poder cambiar el escenario en el 2023. Al margen de eso y lo que pase o no en un año, el artículo 45 del protocolo establece claramente la entrada en vigor de dicho protocolo y establece el nonagésimo día”, dijo.

Asimismo, mencionó que en el nonagésimo día se cuenta a partir de la ratificación del protocolo. Mencionó que los países que suscribe el convenio tienen términos como ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o confirmación oficial.

“Lo que confunden los colegas del cartismo es que cuando establece estas palabras el protocolo es porque lógicamente cada país tiene su palabra pertinente cuando hace una ley. Entonces en este caso tenemos ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o confirmación. Nosotros aprobamos los protocolos no tenemos nada que ratificar”, indicó.

Indicó que pretendían patear para delante para que no empiece un control serio y directo sobre el contrabando de cigarrillo. Se preguntó porque se buscaba frenar el control en el primer año.

Cajoneado hace 10 años

El protocolo de trazabilidad del tabaco es parte de un acuerdo internacional de las Naciones Unidad (ONU) y la Organización Mundial de Salud (OMS) firmado por nuestro país en noviembre de 2012, pero que fue cajoneado durante todo el gobierno del expresidente Horacio Cartes, y que ahora se espera finalmente su aprobación.

La aceptación del acuerdo internacional obligará a nuestro país a disponer medidas para poder identificar en todos los casos el origen de las mercaderías, controlar su movimiento y su situación legal, es decir “la trazabilidad”.

El presidente Mario Abdo Benítez, remitió el protocolo al Senado en diciembre de 2018, sin embargo, tuvo media sanción recién el 19 de mayo de 2022. Con la decisión del Senado la Cámara Baja estaba obligada a tratar el convenio internacional que no puede estar sujeto a modificación.

El protocolo tiene el propósito de eliminar todas las formas de comercio ilícito de productos de tabaco, incluyendo toda práctica o conducta prohibida por la ley, relativa a la producción, envío, recepción, posesión, distribución, venta o venta de tales productos.

Con el fin de evitar el comercio ilegal, el protocolo establece infracciones, aborda las responsabilidades y pagos relacionados con las incautaciones, así como la eliminación de los productos confiscados. Además de fomentar la cooperación internacional.