La incertidumbre en la Gobernación del Guairá persiste a pesar de que ya pasaron cinco días desde que terminó los tres meses de intervención a la cuestionada gestión de Juan Carlos Vera Báez (ANR HC), denunciado por supuestamente dilapidar los US$ 2.000.000 de los fondos covid-19 y otros recursos. El informe de la intervención refiere un daño patrimonial de más de G. 18.000 millones.
Sin embargo, pero como no hay impedimento legal, Juan Carlos Vera Báez se presentó para asumir nuevamente el cargo. Tal cosa no ocurrió, aparentemente por una “laguna jurídica” y el cuestionado político se atrincheró en el despacho del jefe departamental, pero sin poder ejercer funciones administrativas.
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Los funcionarios de la institución se mostraron muy preocupados por la situación administrativa de la Gobernación, principalmente porque no tienen la seguridad de que percibirán sus salarios correspondientes a setiembre.
“Hay bocas que alimentar, remedios que comprar y cuotas que pagar, pero como siempre el funcionario es el que paga las consecuencias de esta crisis. Como cualquier persona que trabaja y cumple horario esperamos recibir en forma nuestros honorarios, que ellos solucionen sus problemas jurídicos y si eso no se puede solucionar que busquen la forma de pagarnos nuestros salarios”, reclamó Lilia Alderete.
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Según indicaron, los funcionarios permanentes se encuentran al día con el pago de sus haberes, pero no así algunos que son contratados y principalmente el personal de blanco del Policlínico “San Miguel” que no cobran desde hace más de cinco meses, debido a que anteriormente se les pagaba a través de transferencias a comisiones.
Amparo sin resolver
Tanto Juan Carlos Vera, como el presidente de la Junta Departamental Juan Rojas Sanabria (PLRA), quien se autoproclamó encargado de despacho, presentaron un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Villarrica, para quedarse como administrador de la Gobernación. El caso ingresó por la secretaría de la jueza Adriana Narváez, quien hasta la fecha no se expidió.
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Interventor sigue disponiendo de los recursos
A pesar de que ya concluyó la intervención y se procedió al corte administrativo, el único que puede disponer de los recursos para pagar el salario de los funcionarios es el interventor Pablo Vera Insaurralde, a través de las personas que designó como firmantes: la administradora Clara Demattei y Diego Sánchez, quienes son los únicos reconocidos por el Banco Nacional de Fomento (BNF) donde la Gobernación tiene cuentas.
Al respecto, intentamos conversar con el Interventor Pablo Vera, pero no respondió nuestras llamadas y mensajes a su teléfono celular.
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