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Con afán electoralista, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley “de regularización social y financiera de los trabajadores de Acepar SA”, que implica que el Estado se haga cargo del pago de deudas en concepto de salarios caídos, pago por insalubridad, indemnizaciones y otros para unos 400 obreros cesados, por un total de hasta G. 24.000 millones.
Hay que recordar que Acepar, cedida a privados que no lograron reflotarla, se encuentra inoperativa y ahora se pretende que el Estado se haga cargo del pasivo laboral, en pleno año electoral.
La diputada Celeste Amarilla (PLRA) solicitó el aplazamiento del proyecto, teniendo en cuenta que “no tengo ningún dictamen, ningún argumento jurídico que me diga para aprobar” y que “las comisiones se tomen el trabajo de pedir parecer a las instituciones del Ejecutivo”.
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Sobre todo la bancada cartista se opuso al aplazamiento, y en mayoría se aprobó este proyecto, que la diputada Amarilla comparó con el intento de repartija que se quiso realizar en nombre de supuestos “exobreros” de Itaipú.
Los diputados Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) y Enrique Mineur (PLRA, llanista) fueron los principales promotores de este proyecto.
La iniciativa ahora está en manos del Senado, pero difícilmente se trate antes del inicio del receso parlamentario.