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El fantasma del soborno cartista a legisladores liberales desató una nueva pelea entre sus diputados y las acusaciones públicas no tardaron en aparecer, como el de la diputada Celeste Amarilla, quien ya planteó la pérdida de investidura para algunos de sus colegas, en particular los llanistas Édgar Ortiz y María López.
Enrico Sachero, presidente del Tribunal de Conducta del PLRA, explicó que por Estatuto, el Tribunal a su cargo no actúa de oficio, sino que a instancia de parte, es decir que cualquier afiliado o uno de los diez fiscales partidarios, nombrados por el Directorio, pueden formular denuncia en contra de cualquier otro afiliado que consideren haya incurrido en alguna irregularidad.
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El titular del Tribunal explicó que ya sancionaron a muchos afiliados, pero también han absuelto a otros. Contó que también tuvieron sonadas expulsiones como la del exsenador Carlos Amarilla. Varios diputados, miembros de juntas municipales o departamentales, intendentes han sido sancionados por este Tribunal, aseguró.
Explicó que algunos casos fueron remitidos a la justicia ordinaria ante la comisión de hechos punibles. Sachero recordó que los parlamentarios son responsables de sus votos, no existe mandato imperativo -garantizado por la Constitución- pero sí pueden recibir recomendaciones de parte del partido.
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