Ciudadanos de Caapucú se manifestaron una vez más frente a la CGR para exigir auditoría a la gestión municipal

Esta mañana nuevamente, una comitiva llegó para manifestarse frente a la sede de la Contraloría porque, pese a contar ya con una resolución sobre un estudio especial, el jefe comunal Gustavo Penayo no remite la documentación sobre el uso del dinero municipal. Además de eso, los ediles disidentes no cobran sus dietas, por lo cual también denunciaron al intendente.

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Según los antecedentes, el 29 de julio del 2022 la Contraloría, mediante la resolución Nº 760, dispuso la realización de una fiscalización inmediata a la gestión de Gustavo Penayo sobre el ejercicio fiscal 2021/2022, pero el jefe comunal cartista no entrega los documentos solicitados por el ente contralor. Ya le realizaron dos reiteraciones, la última el 23 de enero del 2023, firmada por el subcontralor Augusto José Félix Paiva, en la que se emplaza a la gestión municipal a entregar los papeles solicitados o caso contrario un equipo auditor irá “in situ” a la sede municipal a verificar los documentos de los proyectos y programas ejecutados durante el periodo a ser fiscalizado.

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El plazo fue de 5 días, es decir hasta el 30 de enero y, como el equipo auditor no llegó a Caapucú, varios ediles sospechan que la CGR está dilatando adrede el estudio a pedido del diputado cartista Esteban Samaniego, padrino político de Penayo.

A casi un mes del urgimiento, la comitiva volvió a manifestarse frente a la sede de la CGR y los ciudadanos indican que no descansarán hasta que se pueda acceder a los documentos sobre la gestión municipal, el uso del dinero del Fonacide, royalties y los recursos genuinos fruto del pago de los contribuyentes.

Desde diciembre pasado, hay un pedido de intervención municipal firmado por el ministro del Interior Federico González que está en el “freezer” en la Cámara de Diputados. La Junta Municipal de Caapucú denunció una malversación de G. 3.900 millones, pero el jefe comunal niega tal situación y dice que solo se trata de una rivalidad política.