Cargando...
El contralor Camilo Benítez a través de una nota remitida al titular del Congreso expuso la preocupación de la institución que preside por la falta de avances para realizar una auditoría financiera al Ministerio Público, hoy encabezada por Emiliano Rolón.
Relata que el Ministerio Público, en ese entonces comandada por Sandra Quiñónez, le informó que el 1° de marzo acudió ante el Tribunal de Cuentas para la aprobación de sus cuentas y que en consecuencia la Contraloría le solicitó al Tribunal de Cuentas Segunda Sala que en un plazo de 24 horas le entregue la documentación de los gastos, sin recibir respuestas.
Benítez manifestó que las consecuencias de los hechos derivan en un “cercenamiento a la atribución constitucional que tiene la Contraloría” para auditar, en este caso a la Fiscalía.
Menciona que la declaración de competencia del Tribunal de Cuentas, sin dar intervención a la Contraloría ha conculcado tanto en el principio constitucional como legal de la atribución de fiscalización para el que fue propuesto y designado por el Congreso.
Cuestiona complicidad de la Corte
También cuestiona la posición de la Corte Suprema de Justicia, la cual a través de varios fallos a lo largo de los años, ante pedidos de inconstitucionalidad análogos, ha declarado también la competencia constitucional del Tribunal de Cuentas, para entender en procedimientos de rendición de cuentas, pese a que la Carta Magna expresamente no le confiere dicha facultad.
Lea más: Ante negativa de Quiñónez, Contraloría emplaza a Tribunal por documentos de Fiscalía
Resalta el escándalo jurídico que podría ocurrir en caso de que la Contraloría hallare indicios de irregularidades, o peor aún, indicios de hechos punibles, en un ejercicio fiscal al ser objeto de aprobación por parte del Tribunal de Cuentas.
“Estamos ante situaciones institucionales críticas que conllevan consigo un desequilibrio en la armonización constitucional y legal, y hasta supondrían un cierto nivel de quiebre institucional menoscabando atribuciones de rango constitucional que cubre con un manto de duda la transparencia y la rendición de cuentas”, señala Benítez en su misiva.