El senador José “Pakova” Ledesma (PLRA) relató que en el año 1988 la finca 530 fue expropiada en ese mismo año con una superficie de 743 hectáreas en Paso Carreta, departamento de Itapúa para el asiento de los pobladores de la colonia 22 de Abril que reúne a 100 familias desde hace 30 años.
Lo grave del caso es que el Estado pagó por orden judicial G. 1.486 millones en 2004 por la expropiación de estas tierras al entonces propietario Eladio Gaona Lugo, pese a que en paralelo, en el año 2000, el Fondo Ganadero (FG) ejecutó una hipoteca sobre el inmueble por una deuda de G. 327.799.171 que Gaona Lugo nunca pagó.
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El senador Juan Afara (ANR, FR) abogó a favor de rechazar el veto del Ejecutivo y dijo que las familias agotaron todas las instancias hasta llegar a la comisión de Reforma.
El senador Daniel Rojas (PLRA) convenció a sus colegas para postergar la norma al preguntarse quién fue el ministro de Hacienda en el 2004 que perjudicó al Estado; “por lo menos hubo lesión de confianza”, dijo el senador al señalar que hubo un error grave por parte de la cartera de Estado.
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Por su parte, la senadora Georgia “Nani” Arrúa (PPQ) dijo que de aplicarse la norma podría ser atacada de inconstitucional.